Pacto entre la IGJ y la UIF para cruzar datos por lavado de dinero

José Sbatella rubricó el acuerdo con la IGJ en presencia de Julio Alak. Un nuevo guiño en el plan de seducción que el Gobierno despliega ante el GAFI para que el país sea retirado de una incómoda nómina.

La Inspección General de Justicia (IGJ) y la Unidad de Información Financiera (UIF) firmaron ayer un convenio para crear un sistema conjunto de requerimiento y contestación de informes sobre lavada de dinero, cuestión que por estos días domina las conversaciones del Ministerio de Justicia, especialmente luego de que la semana pasada José Sbatella relanzara la relación con el FINCEN, el órgano de control de lavado estadounidense. Ahora se buscan nuevos memorándumes de entendimiento con otros países (el próximo sería Sudáfrica). En la Justicia federal, donde se investigan este tipo de delitos, como es habitual, la novedad se interpretó con escepticismo.

El acuerdo que firmaron Sbatella y Norberto Benner (IGJ) ante Julio Alak fue una oportunidad para unificar criterios internos en la cartera de Justicia sobre uno de los grandes objetivos para 2013: que el país deje de ser monitoreado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Una situación que se mantendrá, por lo menos, hasta junio.

Durante 2012, en los distintos cónclaves del organismo multilateral, se escucharon elogios a las modificaciones en la legislación argentina (especialmente la ley antiterrorista) aunque no se logró la ansiada visita de una misión del GAFI que es el paso previo a dejar la lista de países monitoreados. Esto se debe, esencialmente, a la falta de condenas de la Justicia contra lavadores.

Celeridad

El documento rubricado ayer, según explicaron los funcionarios, permitirá mayor celeridad en los controles y al mismo tiempo mayor confidencialidad sobre la información suministrada. Este último es un aspecto clave: en la UIF, especialmente entre los técnicos, existe preocupación sobre el control de los registros que se realiza en el organismo que dirige Benner. Si bien es una percepción anterior a su gestión, ha tomado fuerza en las últimas semanas a partir de que se abriera una causa judicial por la supuesta desaparición de archivos relacionados con la llamada trama Ciccone que tiene a Amado Boudou por protagonista.

Sin embargo el acuerdo UIF-IGJ suma puntos frente a la idea de lograr nuevos entendimientos con los organismos anti-lavado de los distintos países que integran la Red Egmont que nuclea a dichos entes oficiales. Esto a su vez es clave para terminar de ajustar la relación con el GAFI. En ese sentido, en el Ministerio de Justicia vivieron como un triunfo el relanzamiento de la relación con el FINCEN. Ocurre que el intercambio de información con registros internacionales es clave para la investigación de delitos de lavado.

Este vínculo se había interrumpido en 2009, cuando a una semana de las elecciones legislativas de ese año se filtró a la prensa un informe sobre dos operaciones sospechosas en cuentas del empresario y legislador Francisco De Narváez y que habían sido registradas por los bancos Citibank y JP Morgan.

Planteo

En 2012, según datos de la UIF, el organismo se presentó como querellante en 18 causas judiciales y colaboró en más de 70. Sin embargo, no hubo condenas (aunque sí una docena de detenciones). En este sentido jueces y fiscales federales continúan señalando falta de atribuciones para ir tras los lavadores, especialmente al momento de abordar el delito que origina los fondos.