30 de mayo 2016 - 00:25

Pago a jubilados: fuerzas de seguridad, en alerta

• LEY PARA TERMINAR CON JUICIOS ABRE LA PUERTA PARA RECLAMO DE POLICÍAS Y MILITARES RETIRADOS Y PENSIONADOS

Copia del acta con las conclusiones de la Procuración del Tesoro.
Copia del acta con las conclusiones de la Procuración del Tesoro.
 La decisión de Mauricio Macri de pagar a los jubilados los juicios planteados al Estado por diferencias salariales abre la puerta a la inclusión del padrón castrense y de seguridad inscriptos en el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y en la Caja de Retiros de la Policía Federal. El Gobierno tenía en estudio terminar con la litigiosidad en materia de ajustes de salarios y haberes previsionales de las FF.AA., un espejo de los reclamos hechos por los jubilados de ANSES.

Los juicios alcanzan las 150 mil causas según el Sistema Único Informativo de Gestión Judicial, muchas de ellas con múltiples actores distribuidos a lo largo del país.

Sin fondos para la renovación de material bélico (aviones, buques y pertrechos) se apunta a contener el espíritu de los uniformados satisfaciendo necesidades del bolsillo. El primer paso en línea con el proyecto de ley que enviará Macri al Congreso, será buscar que la solución financiera para abonar juicios a los jubilados de ANSES alcance a la pasividad militar y de fuerzas de seguridad.

El 23 de febrero pasado, a poco de la asunción de Macri, el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín reunió en su oficina a todos los directores responsables de los servicios jurídicos de los organismos involucrados: Guillermo García (Procuración del Tesoro), Horacio Diez (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), Pablo Tosco (Ministerio de Defensa), Esteban Rosa Alves (Ministerio de Seguridad), José Bonillo (Instituto de Ayuda Financiera) y Alberto Vázquez (Caja de Jubilaciones de la Policía Federal). En el cónclave, cuyo desarrollo se plasmó en un Acta, Tosco, enviado de legales de Defensa, informó que "el pasivo judicial proyectado para el ejercicio fiscal 2016 por los litigios era de $ 2.000 millones" y que existían "$ 600 millones pasibles de ser embargados por no haber sido abonados en los ejercicios fiscales en los que fueron presupuestados". Todos a su turno expresaron la penuria que implica la atención y el diligenciamiento de millares de expedientes sobre un mismo conflicto cuya raíz no es otra que la errónea liquidación del haber por décadas luego de que en tiempos de Domingo Cavallo se echara mano a las categorías no remunerativas. El auditor de la Caja de Retiros de la Policía Federal manifestó que "su dirección se ha visto desbordada por la atención de los juicios. En el año 2015 ingresaron 4.930 juicios y es de prever un crecimiento significativo ya que sólo en febrero de 2016 ingresaron 432 nuevas causas". El director de jurídicos del Ministerio de Seguridad dijo que "la casi totalidad del personal (en actividad, retirados y pensionados) de las fuerzas de seguridad y de la Policía Federal Argentina ha planteado la pretensión de incorporar al haber mensual los suplementos particulares".

En el último punto del Acta se expresa que "sin perjuicio de continuar agotando los recursos procesales disponibles en los supuestos en que la postura del Estado Nacional pueda resultar defendible con alguna perspectiva de éxito, los directores de los Servicios Jurídicos involucrados solicitan al procurador del Tesoro de la Nación que a nivel de las autoridades competentes para ello, se evalúe la conveniencia de allanarse a las demandas en aquellos casos en que la jurisprudencia -Corte Suprema como tribunales inferiores- haya reconocido expresamente el derecho de los actores".

La segunda parte del problema contencioso -de mayor importancia- es la corrección de décadas de desfasaje salarial producido por la liquidación de suplementos no remunerativos. La reformulación de la escala para que los activos perciban "en blanco" (se incorporen al haber) los suplementos que hoy continúan pagándose como sumas fijas no remunerativas, eufemismo que encubre el pago "en negro" y que fue objeto de miles de pleitos contra el Estado. El ministro de Defensa, Julio Martínez reconoce que no será fácil ni rápido llegar a corregir la situación salarial, pero a su entender se puede hacer de manera paulatina tal como se resolvió con la planta de docentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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