Esta semana, aunque el ojo público se enfocó en el capítulo blanqueo de capitales y pago de juicios a jubilados, en el Congreso se produjo un fenómeno que opera, a su modo, como una advertencia, quizá la antesala de un ultimátum, a la Casa Rosada. Anoche, Diputados aprobó un paquete de medidas de seguridad ciudadana pero encajonó los proyectos judiciales: desde la reforma Garavano hasta la designación de los cortesanos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz y la avanzada sobre el Ministerio Público para ponerle una fecha de salida a Alejandra Gils Carbó.
El factor más curioso es que, al margen de detalles y formalismos, tanto el renovador Sergio Massa como el peronismo amigable que expresa Miguel Ángel Pichetto validan buena parte de los proyectos de Macri aunque no logran descifrar (porque cree que no hay) cuál es el objetivo último del Presidente.
Un caso testigo. El PRO hace cuentas y cree que llega al número, dejando pedazos del texto original en el camino, para aprobar la reforma del Ministerio Público que marque el principio de la retirada de Gils Carbó. Pero los peronistas les preguntan a los delegados de Macri si esa ley tiene el OK de Ricardo Lorenzetti. "¿Y si nosotros pagamos el costo de votarla y la Corte la declara anticonstitucional?", sintetiza un operador massista el nivel de incertidumbre.
Elisa Carrió, con sus embestidas, es un elemento que el peronismo no sabe administrar porque dan por hecho que tampoco lo puede manejar el propio Macri. Su cruzada contra Lorenzetti, que viaja al Vaticano en busca de bendiciones y algo más, es un elemento que altera cualquier táctica legislativa y política en materia judicial.
Pero Carrió no es la única dama que siempre despierta malestar e inquietudes: la otra es Gabriela Michetti. La vice, que casi no pisa el Senado, se asume a sí mismo casi como una presidente bis y eso ha disparado conflictos y discusiones en el gabinete. A Marcos Peña le reclaman, incluso los funcionarios que le reportan, que "ordene" a la vice.
El silvestrismo que se detecta en Cambiemos incentiva otras avanzadas. El lunes pasado, en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, Diana Conti empezó a caminar en una vereda donde se encuentra con Carrió: impulsar una reforma para que los jueces deban presentar declaraciones juradas.
La idea circuló en otros sectores, incluso el massismo y la UCR, y puede avanzar hasta convertirse en un factor crítico para la Casa Rosada. Los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz tiene una fecha hipotética, pero el PJ y la UCR piden precisiones sobre si pueden, o no, fantasear con una Corte de siete que genere vacantes para cortesanos más cercanos a sus intereses. Macri envió señales de que se sentará con hombres del peronismo a discutir esa letra chica.
| Pablo Ibáñez |
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