Para la Justicia hubo lavado de dinero en la campaña presidencial de Cristina

CRISTINA, COBOS Y VOS. Se comprobó que ingresaron cheques por $886 mil de droguerías vinculadas con la “Mafia de los Medicamentos”.

El juez federal Ariel Lijo afirmó que en la campaña presidencial de Cristina de Kirchner, en 2007, "se lavó dinero", pero advirtió que aún no tiene "pruebas de que alguien más supiera de esta situación", más allá de los exfuncionarios K y empresarios vinculados a las droguerías a los que procesó. "Parte del financiamiento de la campaña de Cristina tenía origen ilegal, hablamos de lavado de dinero", señaló Lijo en declaraciones radiales, quien indicó que "se utilizó plata de origen ilegal en una actividad legal".

Ámbito Financiero había adelantado el 18 de abril que la causa estaba a punto de reactivarse con el llamado a indagatoria de los implicados. Finalmente, Lijo dispuso ayer el procesamiento del exsuperintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, un hombre cercano al exjefe de Gabinete Alberto Fernández. Lo mismo ocurrió con Sebastián Gramajo que ofició como apoderado de la alianza electoral que llevaba en la boleta a Cristina de Kirchner junto a Julio Cobos. Todos podrían acogerse a la Ley del Arrepentido, adelantó el juez.

Lijo consideró que, a través de aportes hechos por varias empresas, se puso en circulación en el mercado la suma total de $886 mil de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y "obtener su apariencia de licitud". Capaccioli eraintegrante de la Mesa Ejecutiva de la Alianza Frente para la Victoria; Gramajo entonces era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y responsable político de la alianza electoral. Para el magistrado, también estuvieron involucrados los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez. Se presume que el origen de esos fondos "blanqueados" en la campaña podrían provenir del tráfico de efedrina, la mafia de los medicamentos u otras actividades vinculadas al narcotráfico internacional, a la que aparecieron ligados los responsables de esas droguerías que figuraban como aportantes del FpV. "Néstor Lorenzo y Héctor Capaccioli fueron los encargados de aquella puesta en circulación y se sirvieron de la campaña presidencial de la alianza Frente para la Victoria del año 2007 para llevarla a cabo. Los cheques por medio de los cuales se realizaron los aportes fueron entregados por Lorenzo a Sebastián Gramajo en el propio despacho de Capaccioli", sostuvo el juez en su fallo.

El magistrado tuvo en cuenta la evolución patrimonial de los empresarios investigados y que sus empresas no tenían fondos suficientes como para afrontar donaciones para la campaña electoral de 2007, por lo que consideró que el dinero aportado no les pertenecía.

Para ello se firmaban cheques que se entregaban a los recaudadores y cuando llegaba el momento del cobro en el banco, se cubría el monto necesario con depósitos en efectivo que alguien realizaba a través de las cajas de atención al público de las entidades, para eludir que fuera identificado el aportante. Lijo les trabó embargos por $3 millones.

El exjefe de Gabinete se desligó de cualquier irregularidad: "Yo tenía el manejo político, no de aportes", sostuvo Fernández a Radio 10.