Paz final con Techint le asegura a Gobierno $ 495 M en septiembre

Diego Bossio

En paz, el Gobierno y Techint comenzaron ayer a transitar el primer día del resto de los próximos cuatro años. Temprano a la mañana las partes quedaron en cero, cuando la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retiró todos los cargos contra Siderar que quedaban en la Justicia. Con esto, el organismo que dirige Diego Bossio cumplió su parte en la promesa del acuerdo cerrado hace un mes, cuando el Grupo Techint avaló los ingresos de tres directores del Estado en la siderúrgica y la redistribución de los $ 1.511,5 millones en la última Asamblea General de Accionistas de Siderar. Igualmente para que la paz sea completa, las dos partes negociarán antes de las elecciones de octubre próximo una nueva Asamblea, donde se discutirá un premio mayor: qué se hará con otros $ 6.455 millones que Techint reconoció que están ahorrados y resta determinar su destino.

Con la novedad del retiro por parte de la ANSES del juicio en Tribunales, las acciones de la siderúrgica Techint subieron un 5,26%. Antes, la empresa había enviado un comunicado a la Bolsa de Comercio donde comunicaba el acuerdo judicial y el pago de los $ 1.511,5 millones en concepto de dividendos. En la nota, el grupo asegura que la liquidación se concretará el 2 de septiembre y en efectivo. Al Gobierno le corresponderán, aproximadamente unos 495 millones de pesos.

Aprobación

El pago de dividendos había sido aprobado en la Asamblea del 21 de julio, donde las partes presentaron el acuerdo final que habían negociado arduamente durante los tres meses anteriores. En ese lapso, el grupo de la familia Rocca decidió dejar el pleito político-económico con el Gobierno de Cristina de Kirchner, y comenzar a acercar posiciones.

Los primeros datos sobre la segura victoria de la Presidente, la posibilidad de repactar la relación entre las partes, la alternativa de volver a participar de proyectos de obras públicas locales y, especialmente, de contar con el aval oficial del Gobierno ante estados latinoamericanos con proyectos de importancia, hicieron que la multinacional argentina replanteara su estrategia.

Finalmente, a horas del comienzo de la Asamblea de julio, la empresa aceptó el ingreso de los tres directores del Estado. El caso emblemático fue el de Axel Kiciloff, economista de la UBA y hombre muy cercano al nuevo círculo técnico presidencial (pero no perteneciente directamente a La Cámpora). La empresa había rechazado el nombramiento, que en principio apuntaba a reemplazar el sitio que ocupaba Aldo Ferrer en el directorio.

Aceptación

El Gobierno, en las negociaciones, dejó en claro que no retiraría la postulación, por razones tan políticas como económicas. Finalmente, y ante la aclaración desde altas esferas del Gobierno, que Kiciloff obedecerá órdenes, la aceptación llegó. Se avaló además la apertura a dos sillones más para la ANSES, que ocupan ya Damián Camacho (director del BICE, hombre de Julio de Vido y representante del organismo en Gas Natural Ban, Endesa y Metrovías) y del sindicalista de la UOM Francisco Cudos, curiosamente el más cercano de los tres a la conducción de la compañía. Los tres representarán el 25,97% de las acciones que posee la ANSES, según el decreto 441/11 que firmó Cristina de Kirchner y que amplió los derechos políticos del organismo que maneja Diego Bossio para votar y designar directores donde posee participación accionaria.

Según reza en el comunicado de Siderar que llegó a la Bolsa, la compañía «ha sido notificada de la resolución dictada por el juez Hernán Diego Papa, a cargo del Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Comercial Nº 12, Secretaría Nº 24, en virtud de la cual resolvió autorizar el levantamiento de la Medida Cautelar, dictada oportunamente y declarar extinguido el juicio promovido en su oportunidad por la ANSES contra Siderar».

A partir de ahora, las partes comenzarán a negociar un acuerdo mayor, que debería cerrarse antes de las elecciones de octubre y avalarse antes de fin de año en una nueva Asamblea de accionistas. Es qué hará Siderar con los $ 6.455 millones que aún restan distribuir entre los accionistas o reinvertir en la compañía. Se especulaba ayer que se podría dividir la diferencia, comprometer una parte a «inversiones productivas», según la máxima oficial que ya hizo pública Kiciloff, y redistribuir otra parte. Si la decisión fuera un 50/50, el Gobierno obtendría por este acuerdo unos 1.680 millones de pesos extra.