Peronismo en campaña ahora reestrena los hits de 2009

• Vuelven leyes que oposición no pudo aprobar cuando formó el grupo A.• UCR reclama copyright.

El recinto de Diputados, con mayoría opositora entre 2009 y 2011: el kirchnerismo se retiraba para restar quórum mientras la oposición del Grupo A intentaba aprobar reformas al régimen de control de los DNU o la reforma al INDEC. Elisa Carrió y Ricardo Gil Lavedra negociaban.

El peronismo bonaerense, kirchnerista u opositor, parece ausente de partitura nueva en este tramo central de la campaña para la elección de octubre.

Sólo así se explica que los dos lanzamientos centrales de esta semana se limiten a reeditar la agenda que la oposición quiso imponer en el Congreso en la primavera no kirchnerista que reinó de 2009 a 2011, aunque sin un solo resultado efectivo.

En ese momento todos los bloques de la oposición, reunidos en el Grupo A, organizaron una agenda que incluyó la reforma al régimen de control de los decretos de necesidad y urgencia, la reforma al INDEC, el establecimiento del 82% móvil para jubilaciones, modificaciones al mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, una ley contra la trata de personas, un régimen de jubilación anticipada y, por supuesto, dictamen propio del Presupuesto nacional 2010 que nunca fue tratado, ya que ese año no se votó Presupuesto alguno.

De todos esos proyectos sólo uno pasó el límite de las dos cámaras: la fijación del 82% móvil en la liquidación de las jubilaciones. Sin control del Congreso, Cristina de Kirchner tuvo que vetarlo y pagar el costo político.

Ahora Sergio Massa desembarca en medio de la campaña con un trío de proyectos contra la inflación que incluyen una reforma profunda al INDEC. Las similitudes son innegables: "Primero hay que reconocer que la inflación existe, y plantear luego soluciones para poder bajarla. Eso es lo que nosotros buscamos, porque la política de precios del Gobierno fracasó, dijo ayer el intendente de Tigre con una lógica similar a la que aplicó el resto de la oposición en 2009 para avanzar con una reforma al organismo que se convirtió en el emblema de la intervención y la manipulación del Gobierno de las estadísticas públicas y el fin de la intervención de Guillermo Moreno, que por entonces llevaba ya tres años.

En ese momento las desinteligencias del Grupo A impidieron que esa reforma se convirtiera en ley. El proyecto salió del Senado, donde la oposición logró aprobarlo con amplia mayoría, y pasó a Diputados.

Allí Claudio Lozano propuso dos modificaciones, que tras largas negociaciones fueron aceptadas por el resto de los bloques, sobre el tiempo de la intervención que se fijaba y la reincorporación de trabajadores desplazados que debía hacerse en forma automática.

Por ese cambio, que obligó a devolver el proyecto al Senado, la reforma al INDEC nunca llegó a ser ley, ya que la oposición nunca más pudo sesionar en ese 2011 cuando la ola de las elecciones presidenciales ya se llevaba puesta la mayoría del Grupo A en los recintos.

Esa reforma es casi un calco de la que se conoció ayer: contemplaba la "autarquía funcional y financiera" del organismo, les devolvía a los empleados su situación laboral al 31 de diciembre de 2006, es decir, antes de la intervención, y fijaba un cronograma de 150 días para reformar la estructura del INDEC. En esto último sí hay una diferencia, y tiene que ver con la efectividad del proceso: el plazo que fija el proyecto de Massa es de 30 días. Así, la presentación del Frente Renovador dice que "en el término de treinta días a partir de su asunción, el directorio procederá a revisar las designaciones del personal realizadas en las categorías A y B a partir del 31 de diciembre de 2006 que a dicha fecha no revistaba en el organismo".

Massa no es el único que trajo la agenda de 2009 a esta campaña. El radicalismo bramaba ayer reclamando el copyright del proyecto para bajar la imputabilidad a los 14 años.

"Ha fallado el Estado en la minoridad en la Argentina. Hay un régimen penal juvenil que en la Argentina todavía no existe", dijo Martín Insaurralde. Recibió como respuesta de Carlos Kunkel la promesa de analizar el tema y un recordatorio de que el kirchnerismo no había apoyado medidas como ésa en el pasado.

Y lo cierto es que el régimen penal juvenil, que genera un tratamiento penal específico entre los 14 y los 18 años, fue aprobado por unanimidad en el Senado en diciembre de 2009 y luego quedó varado en Diputados. De hecho, en 2012, el radical jujeño Gerardo Morales representó el proyecto para que se tratara en el Senado.