"Debemos castigar a las personas y no destruir las empresas. Las empresas son esenciales para Brasil", dijo la mandataria al instalar la primera reunión con todo el equipo de gobierno desde que asumió su segundo mandato el 1 de enero.
Rousseff agregó que las sanciones no pueden "perjudicar la economía o el empleo del país" y defendió con igual vehemencia la preservación de Petrobras como la de las constructoras privadas involucradas en la millonaria trama de desvío de dinero, sobornos y sobrecostos de obras.
A raíz del escándalo, Petrobras, la mayor empresa y principal inversora de Brasil, suspendió la contratación con 23 de las empresas citadas en la investigación.
"Tenemos que cerrar las puertas a la corrupción. No podemos, de manera alguna, cerrar las puertas para el crecimiento, el progreso y el empleo", sostuvo la presidenta. Sin criticar la acción de la Justicia, remarcó que la lucha contra la corrupción "no puede significar la destrucción de empresas privadas" y pidió que el castigo recaiga en los directos responsables del caso.
Hasta el momento 39 personas fueron vinculadas formalmente a las investigaciones por el escándalo que reveló hace casi un año la existencia de un cartel de constructoras que pagaba millonarios sobornos a cambio de contratos.
Según la Policía Federal, la red de corrupción movió unos u$s 4.000 millones en la última década.
| Agencia Afp |
Dejá tu comentario