- ámbito
- Edición Impresa
Piden indagar a contribuyente K
Norberto Oyarbide
Comparatore recomendó al juez Norberto Oyarbide, a cargo del caso, varias medidas, entre ellas la indagatoria de Gabriel Brito, titular de la empresa de auditorías farmacéuticas Global Pharmacy y contribuyente de la campaña presidencial de 2007 de Cristina de Kirchner y Julio Cobos, a la que colaboró con $ 310 mil.
Auditorías
La compañía de Brito, que quebró en 2008, realizaba auditorías en la Obra Social de la Asociación Bancaria (OSBA), para la droguería de Lorenzo, San Javier. El año pasado, en medio del escándalo que generó el arresto del empresario que habría vendido ilegalmente medicamentos adulterados, Brito declaró públicamente que los tres cheques que estaban a su nombre como contribuyente de la campaña kirchnerista estaban en realidad destinados a Lorenzo y que él era quien había hecho confirmar esos pagos en el Ministerio de Salud para «hacer un favor a Héctor (Capaccioli) para que quede cubierto».
El ex superintendente de Servicios de Salud y recaudador de la campaña presidencial fue vinculado a la causa de la llamada mafia de los medicamentos por el mismo Oyarbide, quien afirmó el año pasado que existían diálogos «sabrosos y atinentes en la campaña electoral entre el empresario Gabriel Brito y Capaccioli». Si bien Comparatore solicitó la indagatoria del ex funcionario kirchnerista a fines del año pasado, el juez todavía no se pronunció sobre este aspecto.
La citación de Capaccioli y otros funcionarios vinculados al oficialismo, como Hernán Diez (actual director de la Lotería Nacional) y Sebastián Gramajo (director de la ANSES), probablemente se produzca ahora, ya que la Cámara Federal ordenó al juez que avanzara sobre esta parte de la pesquisa. El tribunal de alzada también ordenó que fuera indagado Enrique Dratman, esposo de la diputada kirchnerista Diana Conti y socio de Néstor Vázquez en la droguería Cofeme.
Comparatore no impulsó estas citaciones en las resoluciones de esta semana, pero sí recomendó las indagatorias de Diego Martín Tarruela y Juan Caracoche (de la cooperativa Vernet), Ana Kapfer (jefa de Administración del Policlínico Bancario), Catalina Alegrino (encargada de la farmacia ubicada dentro del centro de salud, perteneciente a San Javier), y Jorge Fidalgo (de la cooperativa Crédito Sur). Todos ellos fueron señalados como posibles responsables de los delitos que investiga Oyarbide por los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.
El resto de las medidas que aconsejó el fiscal apunta a profundizar la pesquisa sobre la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud, encargada de administrar la distribución de medicamentos de alta complejidad en las obras sociales, y sobre una serie de cooperativas relacionadas con Lorenzo y que podrían estar vinculadas al lavado de dinero, delito que también investiga Oyarbide en esta causa.
Requerimientos
El fiscal recomendó que se pidiera al Ministerio de Salud «que informe la identidad de los distintos funcionarios que integran la Administración de Programas Es-peciales en los períodos investigados». También que requiera al Banco Central que notifique sobre «la totalidad de los cheques rechazados en los cuales intervenga Néstor Osvaldo Lorenzo» para conocer «el flujo financiero» que maneja el empresario.
En cuanto a las cooperativas Vernet, Talcahuano, Crédito Sur, Madecor LTD y OMA Financiera Sur, investigadas en el caso, Comparatore impulsó un pedido de informes al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y al BCRA sobre todos los datos y cuentas relacionadas con estas asociaciones. Con estas medidas, el caso podría volver a tomar ritmo, luego del fuerte respaldo que recibió de la Cámara, y empezar a complicar (todavía más) al kirchnerismo.
Dejá tu comentario