Dos gestores fueron acusados de “vender influencias” en la Secretaría de Comercio Exterior para acelerar las declaraciones juradas de importación.
Beatriz Paglieri
Un juicio ordinario por posible extorsión derivó en una trama insospechada: los acusados terminaron absueltos, pero se descubrió un ardid donde las supuestas víctimas tenían a su cargo una "gestoría de negocios ilegales", cuya actividad principal consistía en "operaciones dinerarias" en las cuales se vendía "una influencia" sobre la entonces secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, quien secundó a Guillermo Moreno en esa cartera y que estuvo en el cargo entre 2011 y 2013. El fiscal del juicio, Sandro Abraldes, pidió extraer testimonios del resultado de ese proceso y ayer formuló una denuncia penal que recayó en el juzgado a cargo de María Servini de Cubría, con intervención del fiscal Patricio Evers. En la presentación se acusó a la exfuncionaria de presunto "cohecho pasivo" en relación con la agilización de los trámites relacionados con las DJAI (Declaración Jurada Anticipada de Importación) y las DJAS (Declaración Jurada Anticipada de Servicios). Luego del juicio llevado a cabo por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9, para la fiscalía, se determinó que quien inicialmente era uno de los damnificados, David Héctor Setton, junto con su socio, Roberto Bello, invocaban el nombre de Paglieri para llevar a cabo distintas gestiones relativas a la rapidez de la aprobación de las declaraciones juradas, a cambio de bienes. Según expresó Abraldes en la denuncia -que impacta en otras ocho personas por los supuestos delitos de "Tráfico de influencias, cohecho y defraudación por remuneración pretextada"- Setton y su socio recibieron dinero de diferentes personas. Entre ellas, se encontraban los imputados en el juicio Rodolfo Trebino, Jorge Zovich, además de otros presuntos involucrados, Javier Chemea, Joel Freue y Clara Mollo. El objetivo era "activar los trámites" sobre las DJAI y DJAS por lo que habrían cobrado entre un 12 %y un 15% del monto total de las operaciones. Según la denuncia, se habrían "agilizado" por gestión de Setton y Bello, "un número indeterminado de trámites, así como también se habría logrado la "autorización" de varias operaciones rechazadas anteriormente, informó el portal de noticias del Ministerio Público Fiscal. La trama para los ahora acusados estalló cuando Paglieri dejó su cargo en 2013, y ellos que al momento habrían percibido cerca de u$s2 millones no solo no pudieron devolver los importes sino que tampoco tuvieron éxito en lograr acelerar los trámites, tal como había sido la promesa a empresarios del rubro textil.
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Con respecto a Paglieri, consideró que debe investigársela por "cohecho pasivo", para determinar si pudo haber percibido dinero o aceptado "una promesa directa o indirecta de pago" en concepto de retribución en el marco de un acuerdo en el que se comprometiera a "la realización u omisión de un acto relativo a su función, en particular a la firma de DJAI y DJAS". Abrales pidió que se cite como testigo al exsecretario de Comercio que sucedió a Moreno, Augusto Costa.
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