Juez Ercolini definirá citación por irregularidades en licitación. Oficialismo se divide en decreto de expulsión o reimpulso a su intento de removerla.
Estrategia. Alejandra Gils Carbó comparó a Mauricio Macri con Nicolás Maduro y recibió el apoyo de su par venezolana, Luisa Ortega
El fiscal federal Eduardo Taiano finalmente pidió la anunciada declaración indagatoria de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la causa en que se investigan irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración, efectuada en 2013 por $43 millones. Para el fiscal hubo fraude, cohecho y otros delitos como negociaciones incompatibles con la función pública. La decisión será considerada por el juez Julián Ercolini, quien deberá analizar también el pedido de sobreseimiento de la jefa de los fiscales (que se había presentado el viernes, pero trascendió ayer ante los rumores del llamado) y la nulidad de toda la causa exigida por Juan Carlos Thill, supuesto intermediario que cobró parte de la comisión por parte de la inmobiliaria por supuesta información interna de su medio hermano que intervino en el proceso licitatorio. La cuestión invadió el clima de campaña y forzará al juez a ignorar el pedido o a ponerle fecha a la citación.
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La decisión de Taiano no sorprendió, pero coincidió con el cambio de estrategia de Gils Carbó que salió al cruce del Gobierno y generó un contrapunto interno entre figuras de Cambiemos ante un eventual escenario de procesamiento en su contra. Mientras que el consejero de la Magistratura y espada jurídica del PRO, Pablo Tonelli no descartó un decreto presidencial para fulminar a Gils Carbó, la diputada Elisa Carrió reclamó que el oficialismo cumpla con la Constitución y eventualmente impulse en el Congreso un juicio político para removerla. Hoy los números al Gobierno le son esquivos, máxime si no negocia un sucesor con el PJ que el año pasado había acercado nombres tentativos y condicionó su apoyo a la elección de alguno de ellos.
El camino del decreto fue rechazado desde diversos ámbitos jurídicos y políticos por inconstitucional (y por su eventual costo político, en plena campaña). La aventura judicial -que Gils Carbó anticipó que no acatará- fue rechazada por el ministro de Justicia, Germán Garavano como también por Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales (AFFUN), que fue uno de los denunciantes por la compra del edificio. Rívolo y Gils Carbó eran cercanos, pero se enfrentaron apenas la procuradora asumió su cargo y fracturó la relación con parte de la Justicia federal. Otros bloques políticos de la oposición anunciaron que la vía del decreto sería resistida y hasta hubo una presentación del abogado Eduardo Barcesat solicitando a la Justicia en lo contencioso administrativo que "cese el hostigamiento" oficial contra Gils Carbó. Se desconoce qué formato tendría ese pronunciamiento por parte de ese fuero, en el remoto caso que lo aceptase.
Taiano pidió la indagatoria de varios de los imputados por los supuestos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Según el fiscal se direccionó la licitación para que Arfinsa -la firma que vendió el inmueble de Perón 667 e integrante del grupo Bemberg- fuera el ganador y se recibieron "coimas" por el éxito de la operación. Por eso solicitó la indagatoria también de Guillermo Bellingi, quien intervino en el proceso, es medio hermano de Thill y había desembarcado en la Procuración con el paradójico objetivo de optimizar procesos de transparencia. Su intervención quedó documentada en correos electrónicos donde solicitaba cambios al proceso de licitación para adaptarlo a las características de la oferta de Arfinsa, para el inmueble que resultaba favorito y además conveniente para la compra. Taiano solicitó lo mismo para uno de los directores de la PGN, Héctor Zurita, y otros funcionarios como Jorge Daniel Domanico, Osvaldo Leguizamón, que intervinieron en el proceso. Del lado de los vendedores, no sólo pidió que declare Thill (que facturó $3 millones de los $7,7 que Arfinsa pagó como comisión por la venta a la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados), sino la propia Bárbara Jaureguiberry, su socio, Ignacio Costa Urquiza; y Adrián Marcelo González Fischer, Pedro Antonio Donato Viceconte y Roberto Daniel Martino, todos directivos de Arfinsa.
"La abultada comisión respondió a la particular negociación espuria que determinó la licitación. Podría afirmarse que esa desproporcionada suma de dinero respondió en última instancia al dinero que percibiría Thill por su servicio de intermediación con los funcionarios de la Procuración", acusó el fiscal, a pesar de que la defensa de Gils Carbó planteó que no hay elemento alguno en la causa que la vincule con la maniobra del tándem Bellingi-Thill.
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