Protocolo. La firma, ocurrida el 30 de junio pasado, fue entre el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y del Interior de Corea, Hong Yun-Sik.
La firma del Memorando de Entendimiento con Corea que le valió la imputación en una causa penal al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, sumó ayer un nuevo capítulo en plena feria judicial con la ampliación de la denuncia original. A mediados de este mes, el juez federal Ariel Lijo -que ya cursó las primeras medidas de prueba en la causa- deberá determinar si convoca al embajador de Corea del Sur en Argentina, Jong- Youn Choo, para que ratifique los términos del acuerdo sobre el que existen divergencias en las traducciones aportadas por la cartera oficial a pedido de Poder Ciudadano. La ONG hizo público el documento que, se sospecha, fue el primer paso para la compra de máquinas para voto electrónico cuando el Congreso tenía pendiente discutir la reforma electoral que impulsaba la Casa Rosada y que terminó freezada.
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Luego de la denuncia por la que el fiscal Guillermo Marijuan imputó a Ibarra por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, Poder Ciudadano hizo un pedido formal para acceder al contenido del pacto. Modernización aportó una copia, pero la abogada Valeria Carreras -que hizo la denuncia original- postuló que existen dudas sobre su autenticidad. Originalmente, el acuerdo "de cooperación en Gobierno electrónico" fue rubricado entre Ibarra y el ministro del Interior de Corea del Sur, Hong Yun-Sik. La abogada le advirtió a Lijo que según el documento aportado Ibarra estampó su firma sobre el margen izquierdo, mientras que el funcionario coreano lo hizo a la derecha. Pero de acuerdo con las fotos de protocolo que se hicieron a posteriori de la firma, las rúbricas aparecen en sentido inverso, con otra grafía, sin bordes impresos y el documento consta de dos fojas. Por esto es que solicitó que comparezca el embajador para prestar testimonio acerca de la veracidad de ese documento y de la firma del funcionario del Gobierno de Corea. A su vez, en la presentación que ingresó ayer en tribunales (Lijo estará de feria hasta el 15 de enero y mientras tanto lo subroga su par Daniel Rafecas) se señala que la traducción se menciona en nueve oportunidades que el objetivo del tratado internacional es la mutua cooperación en cuestiones de "gobierno abierto". Pero de acuerdo a la Organización de Estados Americanos, esa definición incluye cuestiones de transparencia, gobierno abierto, agilidad de trámites e informatización de los sistemas, a lo que se suma el voto electrónico englobado dentro de ese concepto. Hubo tres versiones del documento, una en castellano, una en inglés y la restante en coreano. En el texto se especifica que en caso de litigio sólo será valida la que está en inglés.
En la presentación que ahora deberá cotejar la Justicia federal se menciona que luego de la firma del Memorando visitó el país la Comisión Coreana de Elecciones Nacionales (KNEC por sus siglas) que fueron acompañados en la delegación por empresarios vinculados a la provisión de software y hardware para el voto electrónico. Tales firmas serían LG CNS, que poseen el datacenter que fue visitado por el funcionario argentino, y Miru Systems empresa proveedora de los sistemas que utiliza la KNEC. "Da indicio serio y cierto del avance en tratativas de implementación del voto electrónico, a través del Ministerio de Modernización y con base en el posible proveedor de las máquinas de voto electrónico de Corea del Sur", señaló el escrito que postuló que de no ser "actos preparatorios" para al contratación, esa delegación específica del Gobierno extranjero y los empresarios del sector no hubieran visitado el país. "La visita de la Comisión Electoral pone en evidencia que el Memorando tuvo como objetivo principal incluir el tema de voto electrónico", concluyó Carreras. Ese convenio de cooperación también estableció que si existía motivo de litigio, este debía ser resuelto "entre las partes", sin especificar bajo que jurisdicción se dirimiría. Y que tendría una duración de 5 años.
Lijo -antes del receso- disparó una batería de medidas solicitadas por Marijuan como el pedido a Modernización sobre los términos de la licitación que iba a poner en marcha y un detalle a la Dirección Nacional de Migraciones de los funcionarios que habían participado de las visitas oficiales. A su vez, cursó un pedido a la Aduana para conocer si ingresaron containers desde Corea y cuál era su contenido.
Fuentes judiciales ligadas a las tratativas de reforma electoral, indicaron a este diario que las "máquinas" no fueron adquiridas, más allá de cualquier compromiso firmado, o al menos no ingresaron al país.
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