PJ mendocino impulsa una ley de tope salarial

Fernando Simón

Mendoza - El Parlamento mendocino activó un tema que generará un largo debate en las filas de los empleados estatales tras la iniciativa de ley que presentó la semana pasada el senador justicialista Fernando Simón, que fija un tope a los sueldos de la Administración Pública -Ejecutivo y Legislativo- para que los salarios no superen el haber que percibe el gobernador provincial.

"Acá hay mucha hipocresía con este tema, que en realidad ya surgió varias veces y se dio con diferentes gestiones radicales y justicialistas. El Gobierno dará luz verde para su tratamiento en el Parlamento local", aseguraron a Ámbito Nacional desde el entorno del mandatario mendocino, Francisco "Paco" Pérez.

Simón explicó a este diario que el proyecto en cuestión "viene a solucionar una situación actual de inequidad, donde existen 17 regímenes salariales distintos", y detalló que la iniciativa no implica frenar futuros aumentos -tampoco los ya recibidos-, sino aplicar un sistema que se mantenga en el tiempo de topes y convergencia hasta que el haber del gobernador sea el más alto en las escalas de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Como ejemplo, si en un próximo aumento el gobernador recibe un incremento de $ 1.000, el resto de los empleados no podrán superar el 30% de esa cifra, es decir, $ 300. Con el correr de los años, esa convergencia llevará, de a poco, a modificar el desfase que existe en la actualidad.

"La jefa de farmacia del Hospital Central está ganando $ 82.000 mensuales", disparó el senador del PRO Gustavo Cairo, titular de la Comisión de Reforma del Estado, cuerpo encargado de llevar a cabo la discusión sobre el ordenamiento de los salarios.

Este debate volvió a escena después del último arreglo salarial con el sector de la Salud que permitió, sin topes, incrementos en los haberes -para 500 trabajadores- de entre $ 15.000 y $ 20.000, según reconocieron legisladores del oficialismo y oposición a este diario. Éstos superan con creces el recibo del actual mandatario provincial, Francisco "Paco" Pérez, cercano a los $ 30.000.

La iniciativa de Simón, que respetará derechos adquiridos, deja a un costado al Poder Judicial para evitar polémicas que traben la sanción del texto en la Legislatura. Esto se debe a la intangibilidad salarial que tienen a favor los magistrados. La misma suerte tendrán los organismos de rango constitucional como la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, donde los haberes están enganchados a los de la Justicia.

El debate será una reedición de las búsquedas, sin éxito, que impulsaron en su momento los exgobernadores Roberto Iglesias en 2003, por la indexación salarial de jueces; Julio Cobos, al año siguiente, cuando sondeó la posibilidad de tratar una ley integral de sueldos; y el propio Pérez, a través del titular de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, en 2013.

Por caso, la -combativa- Asociación de Trabajadores del Estado ya dejó claro el año pasado un rechazo a cualquier tipo de proyecto en este sentido. "La Ley de Sueldos es un salariazo para la clase política", sentenció su secretaria general, Raquel Blas, que además destacó: "Los trabajadores del Estado discuten su salario en el marco de las paritarias. Una ley provincial no puede ir contra una ley nacional. Por ley nacional, el salario se discute en paritarias". En respuesta, Simón expresó que "oponerse a este proyecto no significa oponerse a quienes cobran $ 4.000, sino defender a quienes reciben haberes de $ 40.000 o $ 60.000".