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Plan canje de Moyano: afiliados por fondos
• En una semana se vota regulación de prepagas.
• La CGT bajará pretensión de frenar traspasos a cambio de financiamiento
Néstor Kirchner, Hugo Moyano, Cristina de Kirchner
Con ese panorama, las empresas sólo esperan que el Poder Ejecutivo ajuste la letra de la ley en la reglamentación a un texto que no sea tan nocivo para las prestadoras. En la versión de la ley que se aprobará, ratificando en Diputados lo votado en el Senado, se las obliga a aceptar cualquier afiliado sin tomar en cuenta la preexistencia de enfermedades, con lo que de alguna forma el proyecto actúa como un incentivo para dejar de pagar la prepaga y volver al sistema cuando se lo necesite.
Mientras se obliga a las empresas a que reciban a cualquier nuevo afiliado sin tener en cuenta las enfermedades preexistentes y se les prohíbe aumentar la cuota a los mayores de 65 años, la CGT de Hugo Moyano presiona para que al mismo tiempo que se apruebe la ley comience el debate de otro proyecto que públicamente el Gobierno parece apoyar, por el que se frenan los traspasos de obras sociales sindicales a prepagas.
Ese mundo es en realidad mucho más complejo: hay sindicatos que tienen obras sociales que compiten con las empresas privadas en prestaciones a terceros, aunque los diferencia que ellos, por ejemplo, sí reciben reintegros del APE por prestaciones de alta complejidad. Pero existen otros sindicalistas que directamente son socios en prestadoras privadas.
De ahí que parece casi una verdad revelada que la ley que frena los traspasos nunca verá los recintos. Y esto no es sólo porque en el fondo la cuestión no interesa a los sindicatos más fuertes, sino porque el Gobierno sabe que la protesta general sería de dimensiones impensadas. Muchos usuarios de medicina prepaga tienen los servicios porque han derivado a ellas, a través de un prestador sindical, los aportes obligatorios, bajando así de forma sustancial el costo. Con la reforma, la cuota completa debería salir del bolsillo de cada particular que quiera continuar con su cobertura actual.
De ahí que la pretensión de Moyano sea, en realidad, que Cristina de Kirchner les libere parte del Fondo Solidario de Redistribución, que tiene acumulados unos $ 6.500 millones, que la CGT aumenta a $ 9.000 millones alegando que existen pagos anteriores que aún están retenidos.
A Néstor Kirchner y su esposa siempre les gustó acumular en ese fondo y también en el APE, para recibir luego periódicamente a la CGT en el despacho presidencial exigiendo cheques para aliviar la tensión financiera en las obras sociales. Éste parece ser, entonces, otro capítulo más de esa novela que el peronismo conoce a la perfección.


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