Podrían admitir que la de Pinochet fue dictadura

Santiago - La escalada de quejas y la repercusión internacional por el reemplazo de la palabra «dictadura» por «régimen militar» en los manuales escolares chilenos llevó ayer al organismo que aprobó el cambio a anunciar que podría dar marcha atrás con la resolución, informó un comunicado.

En una declaración pública difundida tras una reunión extraordinaria sostenida ayer, el Consejo Nacional de Educación (Cned), cuerpo integrado por nueve miembros, incluido un representante de las Fuerzas Armadas, manifestó su «total disposición a revisar con celeridad una eventual propuesta del Ministerio de Educación que reformule la expresión cuestionada». «El Consejo desea aclarar que los textos escolares son elaborados, aprobados y distribuidos por el ministerio», precisó la nota.

La criticada modificación se concretó el 9 de diciembre en una sesión extraordinaria del Cned, en la que se aprobó una propuesta del Ejecutivo para las bases curriculares de primero a sexto grado básico de la escuela primaria.

La modificación salió a la luz pública el miércoles y ayer fue in crescendo una lluvia de críticas, mientras la oposición de la izquierda más dura reactivaba un proyecto en el Congreso para sancionar el «negacionismo» de las atrocidades de la dictadura. El ministro de Educación, Harald Beyer, quien acaba de asumir, aclaró ayer que a pesar de lo decidido, los libros escolares de Historia «pueden seguir siendo los mismos», y recalcó que «los profesores pueden seguir usando la palabra dictadura o la que estimen conveniente», dejando abierto el tema.

La decisión «es rayana con la estupidez», clamó, entre muchos, el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, detenido y torturado durante la dictadura. «Es una invitación al debate», retrucó el ministro Beyer.

El titular de Educación, a quien le explotó en sus manos una decisión tomada por su predecesor, Felipe Bulnes, había admitido que para él en lo personal el de Pinochet «fue un Gobierno dictatorial».

El Cned es un ente estatal creado en 2009 a partir de otro órgano instaurado por Pinochet, y está encargado, entre otras labores, de aprobar las propuestas del Ministerio de Educación referentes a las bases curriculares.

Uno de esos consejeros es Alfredo Ewing Pinochet, un general retirado que integró la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta de Augusto Pinochet (1973-1990). Ewing fue designado en este Consejo por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros, que tienen una plaza en el cuerpo. El diputado comunista Hugo Gutiérrez, abogado de causas de derechos humanos, reveló que «en su tiempo intentamos involucrarlo (a Ewing) en alguna violación a derechos humanos y eso no se puede acreditar, pero lo que sí quedó claro fue que él fue un miembro de la Central Nacional de Informaciones». Gutiérrez expresó ayer su intención de reflotar un proyecto de ley para penalizar el «negacionismo» de los crímenes de lesa humanidad.

Desde oposición y oficialismo surgieron voces críticas al cambio dispuesto por el CND, defendido a su vez por excolaboradores de Pinochet, como el diputado Alberto Cardemil, de Renovación Nacional, el partido del presidente: «Los países tienen que ir revisando con el paso del tiempo su historia para dar una versión equilibrada».

El expresidente demócrata cristiano Eduardo Frei (1994-2000) rechazó el cambio: «Podrán tratar de cambiar la historia, pero no solamente en el imaginario colectivo, sino que en la realidad de Chile y realidad internacional, Chile vivió una oprobiosa dictadura».

En el centroderecha también hubo quienes objetaron la modificación que diversos sectores pedían derogar. «No creo que por decreto se deban corregir los libros de historia. Si se denominaba dictadura y ahora pasa a denominarse Gobierno militar producto de que unos técnicos encerrados en una oficina así lo deciden, no va a cambiar el curso de la historia», dijo el diputado de Renovación Nacional Cristián Monckeberg.

Según cifras oficiales, durante los 17 años con Pinochet en el poder, más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que unos 1.200 continúan desaparecidos, más de 38.000 fueron torturados y sufrieron la prisión política y varios centenares de miles debieron exiliarse.

Actualmente, unos 700 exmilitares están procesados en más de un millar de juicios que son tramitados en la Justicia a 22 años del final de la dictadura militar. De ellos, únicamente unos 250 fueron condenados, pero sólo unos 50 cumplen penas de cárcel. Piñera, que criticó reiteradamente la dictadura de Pinochet, resistió presiones de su alianza para decretar un indulto generalizado.

Agencias ANSA, EFE y AFP,

y Ámbito Financiero