Polémica por bloqueos

Carlos Tomada informó ayer que Cristina de Kirchner lo «instruyó» para que «resuelva lo más rápido posible» el conflicto que derivó en el bloqueo a una de las plantas de impresión del grupo Clarín. Antes de encabezar una audiencia con las partes involucradas, el ministro de Trabajo señaló que la mandataria le pidió el domingo que el conflicto «se resuelva lo más rápido y claramente posible en el día de hoy». «Por eso ayer (el domingo) a las 11 habíamos intervenido y convocamos a una reunión que se va a realizar hoy, lo que motivó el levantamiento del bloqueo», dijo el funcionario en declaraciones a radio La Red.

Los dichos del funcionario contrastaron con las denuncias de dos empresas por el piquete que impidió en la madrugada del domingo la distribución de los diarios Clarín y Olé, y que demoró la de La Nación. En ese piquete, que no fue disuelto por ninguna fuerza de seguridad, actuaron familiares de ex empleados del grupo Clarín que reclaman su reincorporación y el reconocimiento de sus fueros sindicales. Al no ser un conflicto interno con sus propios empleados, no se ha dictado la medida esperable en estos conflictos como es la conciliación obligatoria.

La respuesta de la empresa ha sido atribuirle responsabilidades al cacique de los camioneros, Hugo Moyano -quien se ha desentendido de los hechos aclarando que no hubo gente de él en esa protesta-, y, por extensión, al Gobierno, que aplicó en este caso la misma doctrina que en otros cortes y bloqueos: no actuar y confiar en otros procedimientos disuasorios.

El hecho de que la edición de Clarín y de Olé quedase sin distribuir alimentó las demandas de la empresa, de políticos y cámaras en defensa del derecho de expresión que implicó el bloqueo a la venta de una publicación. En la edición del domingo de Clarín figuraba una nota sobre investigaciones judiciales en torno a propiedades de la familia Moyano, hecho que alimentó las presunciones de los damnificados de que se intentó evitar que se conociese esa noticia, pero que el medio difundió en su edición electrónica y reprodujo en la edición en papel de ayer.

El Gobierno trató de desmarcarse de esta crisis también con un comunicado de la ministra Nilda Garré que reseñó todas las acciones que tomó la cartera de Seguridad a su cargo para abordar el conflicto. En el descargo afirma la funcionaria que se «ordenó» a la Policía Federal impulsar a los demandados, «a través de una acción policial ejercida con prudencia y proporcionalidad, al retiro pacífico, sobre todo teniendo en cuenta que en el escenario del conflicto se hallan presentes sus familiares (mujeres y niños)».

Mala intención

Esa explicación concluye que «resultan absolutamente infundadas e irresponsables las acusaciones y amenazas de denuncia ante la Comisión de Juicio Político por supuestos incumplimientos a los deberes del cargo, dirigidas contra la titular de la cartera de Seguridad por parte de dirigentes políticos y de la empresa AGEA. En efecto, el Ministerio de Seguridad se atuvo estrictamente a lo ordenado por los magistrados competentes». También afirma que «de ninguna manera quedó afectada la libertad de expresión, como se sostiene, con la evidente mala intención de dramatizar el episodio y de victimizarse. Simplemente se trata de un conflicto gremial de larga data, que se desarrolla entre la empresa AGEA y sus trabajadores, y al cual gestiones del Ministerio de Trabajo han intentado encauzar desde su origen, gestiones que resultaron infructuosas hasta la fecha, atento a la actitud reticente a una solución del conflicto que caracteriza a la empresa».

No creen eso las asociaciones de prensa, periodistas, representantes de todo el arco opositor, la Iglesia Católica y unas pocas voces del oficialismo, que se manifestaron en contra del bloqueo. Los diputados opositores acordaron convocar a Garré y a otros funcionarios para que expliquen las acciones del Gobierno, pero esas citaciones deber aprobarse en el pleno de la Cámara, algo que es difícil que ocurra en la sesión de mañana.

Del oficialismo se destacó el gobernador Daniel Scioli, quien definió esa protesta como «una muestra de intolerancia». «Rechazo estos métodos que no contribuyen en nada, sea el bloqueo a quien sea, con Clarín o si mañana bloquean Tiempo Argentino u otro medio oficialista. La democracia se nutre de la diversidad y de la pluralidad, más allá del justo o no reclamo salarial», señaló el gobernador.

Su vocero oficial, Gustavo Marangoni, manifestó mediante un mensaje en Twitter que «intentar bloquear la distribución de medios de comunicación es un procedimiento autoritario que merece el repudio de quienes trabajamos por un país plural y creemos en la diversidad, la tolerancia y el respeto como valores esenciales de nuestra forma de vida». «La sociedad argentina -agregó- ha hecho propios todos los derechos de la democracia, entre ellos el fundamental de la libertad de expresión», dijo el portavoz, que es además vicepresidente del Banco Provincia.