Ponen fecha a juicio por sobornos en el Senado: noviembre 22

La investigación por el presunto pago de sobornos para la sanción de una ley de reforma laboral, en 2000, será ventilada en un juicio oral que comenzará el 22 de noviembre con imputados como el expresidente Fernando de la Rúa, así como funcionarios de esa gestión y exsenadores. El Tribunal Oral Federal 3 fijó para esa fecha el inicio del debate, para el que se prevé un desfile de más de trescientos testigos y una duración estimada de cinco meses. Entre los testigos se espera la participación de Cristina de Kirchner y del jefe de la CGT, Hugo Moyano.

Los jueces Gerardo Felipe Larrambebere, Miguel Guillermo Pons y Guillermo Andrés Gordo estarán a cargo del juicio que tendrá como protagonista a De la Rúa. El expresidente siempre negó la existencia de coimas para la aprobación en el Senado de su iniciativa laboral. También figuran como sospechosos el extitular de la SIDE Fernando de Santibañes, el exministro de Trabajo Alberto Flamarique, los exsenadores Alberto Tell, Augusto Alasino y Remo Constanzo, y el exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto, que pasó a la historia como el «arrepentido» que confirmó supuestos pagos irregulares.

En tanto que otro exsenador, Emilio Cantarero, fue procesado por las sospechas en su contra por cohecho pasivo, aunque el trámite de la causa en su caso permanece suspendido por cuestiones de salud. En la causa estuvo involucrado el exjefe del bloque radical en el Senado José Genoud, quien se suicidó en septiembre de 2009.

El escándalo que suscitó aquella denuncia derivó en la renuncia del entonces vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, y sumió al Gobierno de la Alianza en una crisis de la que ya no se pudo recuperar. El caso salió a la luz a partir de una reunión que mantuvieron Hugo Moyano y otros sindicalistas con Flamarique. Los dirigentes aseguraron que, frente a las dudas que le plantearon por el avance de la norma en el Congreso, el entonces ministro les contestó: «Para los senadores tengo la Banelco».

Uno de los ejes de la investigación fueron las declaraciones de Pontaquarto. El «arrepentido» alegó haber transportado valijas con dinero desde la SIDE hasta la casa de Cantarero, en Callao 1983, en abril de 2000, la misma jornada en que había sido votada la reforma laboral. Según el exsecretario parlamentario se trataba de 4,3 millones de pesos (entonces equivalentes a dólares). De la Rúa siempre desestimó esa versión al señalar que el oficialismo contaba con suficientes votos para aprobar la norma, sin contar con los legisladores justicialistas supuestamente objeto del soborno.

La Ley 25.250 de reforma del régimen laboral, denominada también «ley Banelco» por sus opositores, fue derogada en 2004 por el Congreso en 2004 por un proyecto de Cristina de Kirchner, como parte de sus compromisos asumidos ante Moyano.

Al momento de ser sancionada, la normativa contaba con el respaldo del PJ y de la CGT que entonces comandaba Rodolfo Daer en representación del sector de los «gordos». El ala conducida por Moyano, conocida como «CGT disidente», organizó varias protestas en contra de la iniciativa e incluso fue objeto de un episodio de represión policial frente al Congreso durante las jornadas de debate.