Por quejas empresarias suspenden por 9 meses medida antilavado

José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), le confirmó a una delegación de dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) que suspenderá por cerca de nueve meses la vigencia de una resolución que imponía a los exportadores e importadores la obligación de informar datos de sus clientes y proveedores al organismo antilavado.

El anuncio, que ya había sido adelantado por funcionarios de la UIF a directivos de otra entidad empresarial (la CAME), lo hizo Sbatella ayer durante una reunión de la que participaron el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, el vicepresidente Daniel Funes de Rioja y su director ejecutivo, Martín Etchegoyen.

La norma en cuestión es la Resolución nro. 39/2011, dictada por la UIF, en la que se establece un mecanismo de provisión de informes sobre clientes y proveedores de las empresas y personas físicas que exportan e importan similar al que rige para las entidades financieras.

Dificultades

Esto había provocado serias inquietudes y no pocas dudas en las filas de los afiliados a la UIA, que trató el tema la semana pasada durante la asamblea mensual de su Junta Directiva. Ayer Acevedo le dijo a Sbatella que apoyaban toda medida que apuntara a evitar el lavado de dinero, pero explicó las enormes dificultades que traería a la industria la aplicación de esa resolución de inmediato y de la forma que está redactada.

Sbatella, tras confirmar la suspensión de esa norma por 180 días hábiles, invitó a la UIA a participar de la Comisión Interdisciplinaria que convocará para analizar cómo optimizar su aplicación, y morigerar o evitar del todo el impacto negativo que podría acarrearle a la industria.

La resolución también había sido cuestionada por la CAME y la Cámara de Exportadores, cuyos directivos (en tono reservado) la califican de «inaplicable».

En la UIA las mayores protestas provinieron de las pymes exportadoras, que iban a ser sometidas a un cúmulo de trabajo imposible de afrontar con sus actuales dotaciones de personal administrativo.

Ahora hay casi nueve meses (o sea, hasta después de que asuma el próximo gobierno) para buscarle una salida consensuada a este atolladero legal.