Positivo: narcos FARC dijeron que abandonarán los secuestros

Un hombre sostiene en diciembre pasado un cartel con fotos de policías y militares en manos de las FARC

Bogotá - La narcoguerrilla colombiana de las FARC anunció ayer que decidió renunciar a los secuestros con fines extorsivos y poner en libertad a los últimos diez uniformados que mantiene en condición de rehenes. El esperado anuncio, no obstante, no aclara las dudas del futuro del más de centenar de prisioneros civiles que estarían bajo su poder.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comunicaron la doble noticia en una declaración pública del secretariado o mando central rebelde, divulgada en su sitio en internet, y que el Gobierno no dejó pasar inadvertida.

«Valoramos el anuncio de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario pero no suficiente en la dirección correcta», afirmó el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter.

El secuestro ha sido una de las fuentes económicas de esta guerrilla narcomarxista, en actividad desde 1964 -la más antigua del continente-, al punto de que fue «oficializada» en una ley rebelde de 2000 que detalla los puntos de financiación para su lucha armada.

Esta medida era exigida por el Gobierno y la sociedad civil a los insurgentes, a los que fuentes oficiales les atribyen el 26% de los 298 secuestros cometidos en 2011 en el país.

Los rebeldes reconocieron de manera tácita haber escuchado el pedido: «Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha (...) anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria», afirmaron en el texto. Sin embargo, las FARC advierten en el documento que si el Gobierno no se aviene a establecer un diálogo con ellas, se verán en «la necesidad de recurrir a otras formas de financiación o presión política».

En ese sentido, la guerrilla advirtió que «serios obstáculos se interponen a la concreción de una paz concertada» y afirma que «la arrogante decisión gubernamental de incrementar el gasto militar, el pie de fuerza y las operaciones, indica la prolongación indefinida de la guerra». Al respecto, vaticina que esa guerra «traerá consigo más muerte y destrucción, más heridas, más prisioneros de guerra de ambas partes, más civiles encarcelados injustamente».

El nuevo paso de las FARC tiene sabor agridulce ya que se produce tres meses después del asesinato de cuatro rehenes que llevaban más de una década cautivos, un hecho que provocó una ola de indignación en la sociedad colombiana.

Las FARC cuentan con una lista de rehenes «canjeables», integrada por personalidades de especial interés gubernamental, a la que entonces perteneció la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. De los 50 rehenes destacados con los que contaban para intercambiar, hoy sólo restan diez policías y militares.

A la par, la temida organización tiene un número indeterminado de rehenes civiles por quienes solicita una recompensa financiera. Según las estimaciones, las víctimas plagiadas serían más de cien, aunque los datos oficiales no son siempre reales ya que las familias, muchas veces de bajos recursos y en zonas casi sin dominio estatal, no denuncian el delito.

El legislador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), conforma el grupo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), al que las FARC le han entregado en los últimos años una veintena de cautivos, entre políticos y uniformados. Las misiones de negociación contaron primero con logística facilitada por Venezuela y luego por Brasil. La de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, es una «disposición generosa» que «aceptamos sin vacilación», escribieron los rebeldes.

El CCP deberá intervenir en la anunciada puesta en libertad de diez militares y policías, que fueron capturados entre 1998 y 1999. Un undécimo uniformado habría perdido la vida.

Hasta antes de esta declaración, los rebeldes estaban comprometidos con la puesta en libertad de seis de ellos, incluido Carlos José Duarte, intendente de la Policía y padre de la adolescente Natalia Andrea, quien la semana pasada hizo una marcha de 64 kilómetros para exigir su entrega y la de los demás cautivos. La joven tenía 4 años cuando su padre cayó en manos rebeldes.

Natalia Andrea confía en que ahora sí pueda tenerlo de nuevo a su lado, que es la misma esperanza de las familias de quienes comparten con él como rehenes: los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcía, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y los policías César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina.

Agencias EFE, AFP, Reuters,

y Ámbito Financiero