Posmotín: Scioli ante la crisis policial y el "contagio" sindical

• El mando uniformado y el ministro más pro policía.• Motivos y particularidades.• El eco en 2014.

Daniel Scioli bendijo como mandamás a Alejandro Granados, el ministro de Seguridad más pro Policía, al menos desde Aldo Rico. Granados archivó la conducción política al devolver el mando unificado de la Bonaerense a un comisario. Coronó, con plenos poderes a Hugo Matzkin.

Granados repatrió, en paralelo, a su amigo y vecino Juan Carlos Paggi, último ex jefe policial -lo removió en 2011 Ricardo Casal, seis meses después de purgar al ahora massista, concejal y promotor de la sindicalización policial Salvador Baratta- y lo arrimó como asesor silvestre. Paggi se desempeña, además, como jefe de Seguridad del BAPRO.

El alcalde (con licencia) de Ezeiza tuvo más gestos. Saturó los cargos administrativos de Seguridad, que antes se rellenaban con políticos y civiles, con uniformados. Reincorporó, además, a retirados y aceleró ascensos por miles. Fijó, además, aumentos y ventajas laborales.

Todo ocurrió antes del fin de semana pasada. Antes de que los primeros ramalazos críticos en la Bonaerense que se registró en Luján y que, luego, con más volumen y riesgo, se replicó en Mar del Plata, el destacamento de Infantería de La Plata y con un motín callejero, en la plaza Brown, en Adrogué, partido de Almirante Brown.

Esa ristra de gestos pro Policía no alcanzó para evitar -ni, luego, para desactivar velozmente y sin riesgos- el motín uniformado que, según Scioli, le hicieron pasar el "peor día" como gobernador. Tampoco sirvió el diálogo que, anticipadamente, sabedores de un clima hostil, Granados y Matzkin mantuvieron con el gremio no ilegal que se atribuye tener la mayor representación, el Sindicato de Policías y Penitenciarios (SinPoPe), que integra Baratta y que encabeza José Carranza, un policía exonerado que habita la galaxia moyanista.

Ayer, en La Plata, abrazaban otra tesis: que los movimientos de Granados fueron, sin saberlo, preventivos y sirvieron luego para amortiguar la crisis policial. Es contrafáctico.

Por lo pronto, el ministro de Seguridad y el jefe de la Bonaerense, sobrevivieron a los sacudones de los acuartelamientos aunque el daño del episodio se estampó en sus legajos. En La Plata lo niegan con énfasis pero circula con celeridad y sigilo la versión de que Matzkin podría ser removido de la fuerza a principios del año próximo.

El lunes, en las horas más críticas, Scioli le pidió a Granados que disponga el pase a disponibilidad masivo de los acuartelados pero el ministro y el jefe de la Policía consideraron inoportuna la medida. No ocurrió. De hecho, en la negociación se incluyó una cláusula gatillo que promete que no habrá sanciones a los amotinados.

Con el temor de un estallido mayor, replicado en el conurbano y la experiencia cercana de lo ocurrido en Córdoba sin policías en la calle, el Gobierno cedió en las formas y en el fondo. Scioli dijo que no negociaría pero lo hizo y, al final, los acuartelados pusieron una condición adicional: que el acuerdo (puntual y estratégicamente en el tramo salarial) lo oficialice quien es el principal operador del gobernador, el jefe de Gabinete Alberto Pérez.

Durante la crisis hubo espasmos levantiscos y amagues de acuartelamiento. En Lanús, en la departamental de La Matanza, en Bahía Blanca y, entre otros puntos, en Necochea. En el Gobierno bonaerense admiten que tienen registrados, al menos, 25 episodios de rebeldía policial.

La psicósis aportó el condimento adicional. En Quilmes, por caso, el intendente Francisco "Barba" Gutiérrez "sugirió al jefe policial de la distrital local que dé una conferencia de prensa para informar que la seguridad estaba garantizada. Fue el antídoto, de cierta eficacia, para evitar saqueos.

Junto con Berazategui y Brown, Quilmes estuvo entre los distritos donde corrieron rumores de vandalismo en comercios. Hay un dato adicional: en esos municipios, hubo barrios enteros que estuvieron sin luz hasta una semana, luego del temporal del lunes 2.

El temor sobre saqueos todavía perdura y estará latente, dicen en el Gobierno y coinciden varios intendentes del conurbano, al menos hasta Navidad.

Futuro

Para Scioli se abre, a futuro, otro conflicto. La suba salarial que concedió a los policías derivará en un recrudecimiento de la demanda de aumentos de sueldos del resto de la administración pública. Silvina Batakis, la ministra de Economía, cursó un alerta sobre el riesgo que para las finanzas bonaerenses implicaba llevar el sueldo mínimo a 8.570 pesos para un recién ingresado a la fuerza. La escala, hacia arriba, no fue oficializada pero llevaría el sueldo medio de bolsillo a unos 11 mil pesos para los más de 53 mil efectivos policiales que hay en la provincia. El gremio que nuclea al personal médico de hospitales públicos ya avisó que quieren el mismo aumento. Los docentes anticiparon que en febrero encararán la negociación paritaria con un reclamo del órden del 30 %. La promesa del Gobierno a los policías es que el aumento que se dé en marzo a los docentes rebotará también en los salarios policiales.