Vocero oficial, ahora segundo en rango dentro del Gobierno nacional, ex cafierista, ex menemista y ex duhaldista, el nuevo jefe de Gabinete se llevó a los 52 años el premio mayor dentro de la reestructuración de la cúpula del Gobierno.
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Contador público y abogado por la Universidad de Lomas de Zamora, Aníbal Fernández fue designado por la presidente Cristina de Kirchner en un cargo al que también aspiraba Florencio Randazzo, actual ministro del Interior, quien todavía no se recupera de la derrota sufrida por Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires.
Peronista de Quilmes, Fernández llegó a los altos cargos nacionales durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde, en la Secretaría General de la Presidencia y después al frente del Ministerio de Producción. Como primer ministro del Interior de la era Kirchner, sucedió a Alberto Iribarne en la cartera de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Defensor inalterable
Acostumbrado a respaldar diariamente al Gobierno ante los medios de comunicación y principal vocero de los Kirchner, el nuevo jefe de Gabinete fue premiado por su inalterable defensa de las medidas kirchneristas en cualquier escenario y ante cualquier interlocutor. El ex ministro de Justicia y ex intendente de Quilmes será ahora el encargado de duplicar el apellido Fernández en la firma de los decretos y resoluciones de Cristina de Kirchner en el Poder Ejecutivo.
Su primera incursión en la política criolla fue en 1983, cuando a los 26 años ocupó el cargo de asesor de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Entre 1985 y 1987, fue secretario administrativo del bloque del movimiento peronista de la Legislatura bonaerense, donde en tiempos de Antonio Cafiero llegó a convivir con Julio Alak, quien ahora será un subordinado suyo en el Gabinete nacional. Siempre dentro de territorio bonaerense, entre 1987 y 1991 accedió a la Secretaría Administrativa del Senado provincial.
Antes de desembarcar en la intendencia, fue asesor del Concejo Deliberante de Quilmes. En 1991, bajo la presidencia de Carlos Menem, resultó electo intendente quilmeño y, en 1994, mientras desempeñaba ese cargo, estuvo prófugo de la Justicia durante 48 horas, entre el 26 y el 28 de octubre. El juez en lo Correccional y Criminal Ariel González Eliçabe había ordenado su captura en el marco de una causa en la que se investigaba la contratación de un estudio jurídico para negociar la deuda de ese municipio con la empresa Aguas Argentinas. Imputado en aquel momento con los cargos de falsedad ideológica y mal desempeño de la función pública, la firma del convenio había sido denunciada por la concejal del Frente Grande María del Carmen Alburúa, con el patrocinio de Juan Pablo Cafiero, actual embajador argentino ante el Vaticano del Gobierno cuyo gabinete ahora comanda. Pero se le dictó la falta de mérito y fue sobreseído.
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