Preocupan a provincias las causas judiciales

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Los interventores provinciales de YPF manifestaron ayer ante el ministro de Planificación, Julio De Vido, su preocupación sobre cómo se asumirán los costos de los pasivos ambientales y las causas judiciales que arrastra la petrolera. Además, en una queja que escuchó también el viceministro de Economía, Axel Kicillof, plantearon la necesidad urgente de normalizar la cadena de pagos pendientes a los proveedores de la empresa.

En tanto, la cumbre de gobernadores que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) que estaba prevista para ayer en la Casa de Chubut se postergó y los mandatarios optaron por «esperar en silencio» que finalmente el Congreso sancione el proyecto de ley de expropiación del 51% de las acciones de la española Repsol.

En representación de las diez provincias productoras de petróleo y gas, los interventores se reunieron cerca del mediodía con los funcionarios designados por Cristina de Kirchner para encabezar las inspecciones sobre YPF en la torre que la empresa tiene en Puerto Madero.

Los pasivos ambientales, las causas judiciales y los proveedores, que implican importantes sumas de dinero -se estima que sólo en la zona norte de Santa Cruz los pasivos ambientales superan los mil millones de dólares- fueron sólo una parte de la abultada agenda que se abordó en el encuentro. Además, se confeccionó un comunicado oficial para desmentir que la empresa Repsol haya invertido más de 20.000 millones de dólares en los últimos tres años, tal como afirmó la compañía en una solicitada publicada por la prensa local (ver aparte).

Entre otros datos, el interventor de la empresa en Mendoza y subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, informó que la refinería de Luján de Cuyo está al máximo de su producción y que se incorporan hoy por hoy al sistema nacional unos 2,5 millones de metros cúbicos de gas desde la provincia.

Asimismo, el interventor chubutense, Oscar Cretini, también presidente de la firma provincial Petrominera, presentó el detalle de las instalaciones fijas en cada yacimiento activo e indicó que en la provincia se puso como prioridad un relevamiento de las empresas con las que YPF tiene compromisos económicos incumplidos para luego colocar esa información dentro de una agenda de pagos.

En paralelo, la alarma sobre la pretensión de algunas provincias no petroleras de acceder a una tajada de la participación accionaria de la empresa quedó en suspenso, con la postergación de la cumbre de la OFEPHI. Los mandatarios decidieron apostar a que las dudas se despejen durante el debate legislativo.

«Se suspendió sobre la hora para que no se superponga con la sesión en el Senado», confiaron desde el entorno del gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, quien de todos modos mantuvo una reunión informal con su par de Chubut y titular de la OFEPHI, Martín Buzzi.

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