Prepagas amenazan con más alzas por presión gremial

Carlos West Ocampo

Los empresarios vinculados a la medicina privada pedirán la intervención oficial para resolver una clásica cuestión laboral: si aceptan el reclamo de aumentos salariales para los trabajadores del sector, que piden un 35%, deberán tener autorización oficial para volver a subir las cuotas de las prestaciones. Según la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) y Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), que agrupan a las principales compañías, es la única forma de hacer frente al reclamo gremial. La otra opción, que no menciona públicamente la cámara, es que el Estado nacional aplique un subsidio al rubro para cubrir la diferencia salarial entre lo que ofrecen los privados (menos del 25%) y lo que pide el sindicato que conducen Carlos West Ocampo y Héctor Daer.
En agosto vence la paritaria firmada por el sector en 2009, cuando las cuotas de las prepagas subieron entre un 22% y un 26%, según el servicio y el plan que se preste.
Reclamos
CADIME, que a su vez viene reclamando aumentos a las obras sociales y a las prepagas, emitió un comunicado en el que solicita que la cartera de salud que maneja Juan Manzur intervenga «de la manera más rápida posible» en el conflicto con el gremio. Así, intenta evitar otro paro como el del 11 de agosto pasado, que dejó sin servicio médico a todas las empresas del sector, encargadas de abastecer de insumos a los hospitales municipales y provinciales. La cámara mantuvo diálogos con los gremialistas, pero no pudo avanzar como quería, debido a que los salarios de los convenios son superiores a los acuerdos que lograron la mayoría de los sindicatos.
El texto también lleva el respaldo de la Asociación de Clínicas, la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa), la Cámara de Empresas Prestadoras de Salud (CEPSAL), la Cámara de Establecimientos Psiquiátricos (CACEP) y la Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos (AAEG), entre otras agrupaciones que representan a los prestadores privados y vinculados a las obras sociales.
CADIME dejó claro que desea otorgar un aumento, pero que el porcentaje que reclaman los trabajadores es muy superior al posible y que no puede otorgarse en el lapso que se pretende. «Estamos impedidos de dar respuesta a dicho reclamo, dado que hasta el momento se observa una falta absoluta de actualización de los aranceles que perciben las empresas prestadoras por parte de los financiadores (Obras Sociales, PAMI, Prepagas)», precisó en el comunicado. También resaltaron que se debe tener «presente que los insumos subieron hasta un 40%, e incluso hubo aumentos en el sistema médico privado.
Los trabajadores de obras sociales y laboratorios señalaron que ya hubo una notificación por un futuro aumento, aunque la cifra que manejan las empresas no es la misma que pretenden los empleados. Por ello, solicitaron al Ministerio de Salud, mediante una carta, que resuelva de manera pacífica el conflicto por intermedio de la disposición de medidas concretas de recomposición arancelaria. Explicaron que sólo con aumento de cuotas o un subsidio «se podrá hacer frente a las demandas salariales e impedir ver comprometida la prestación de este servicio esencial».