Presión sindical contra Di Césare

Luciano Di Césare se convirtió en el principal objetivo de la cúpula de la CGT oficial en el comienzo del año. Los dirigentes resolvieron presionar al Gobierno para lograr el desplazamiento del titular del PAMI o, al menos, la limitación al máximo de sus funciones, por sindicarlo como responsable directo del corte en la distribución de fondos para las obras sociales. Además, le endilgan un supuesto plan oficial para la estatización de los recursos de las entidades de salud de los sindicatos.

En la central obrera que encabeza Antonio Caló le explicaron a este diario que en las próximas semanas se elevará al Ejecutivo un pedido formal para ponerle fin a la intervención del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que en julio próximo cumplirá diez años consecutivos.

El plan se inscribe en uno de los objetivos principales que se fijó la nueva CGT en el momento de su fundación, en octubre pasado, cuando declaró su intención de tomar participación en las áreas de decisión de todos los organismos de previsión social. Es decir, el PAMI, la Superintendencia de Salud (SSS) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La avanzada sobre el PAMI quedó a cargo de Andrés Rodríguez, adjunto de Caló en la CGT y líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); Omar Viviani (taxistas) y Horacio Ghilini (docentes privados, SADOP). La semana que viene, una vez finalizada la visita a Roma de Viviani y Ghilini para mantener hoy una audiencia con el papa Benedicto XVI, el grupo pondrá a consideración del Consejo Directivo de la CGT la estrategia. La idea es recordarle al Gobierno que la intervención, resuelta el 8 de julio de 2003, cumplirá una década sin la participación de dirigentes sindicales ni representantes de los jubilados.

Cuando el entonces presidente Néstor Kirchner tomó esa decisión lo hizo con el argumento de que el PAMI había sido hasta entonces una suerte de coto de caza para gremialistas como Luis Barrionuevo, que dejaba a cargo a sindicalistas de su confianza en un esquema salpicado por denuncias de supuesta corrupción. Fue ésa la decimoctava intervención en la historia del instituto que presta servicios de salud a los jubilados.

De fondo, la CGT oficial buscará enviarle señales al Gobierno en varias direcciones. Por un lado, dejar en claro que la falta de respuesta sobre las demandas vinculadas al Impuesto a las Ganancias, las asignaciones familiares y los fondos de las obras sociales debería tener al menos una compensación en términos de participación en la toma de decisiones en áreas que son financiadas por los aportes de los trabajadores activos. Y por otro, que no tolerarán más la intervención de Di Césare en el manejo de los fondos de las entidades de salud.

Al jefe del PAMI los sindicalistas le endilgan ser la autoridad detrás de la superintendente de Salud, Liliana Korenfeld, que cierra el grifo de los recursos desde marzo del año pasado. Pero además los dirigentes sostienen en privado que es Di Césare el principal portavoz de un supuesto proyecto oficial para la estatización del sistema de salud de las obras sociales, que en este contexto deberían girar todos sus recursos al Gobierno para su administración centralizada.

Hasta ahora, las demandas sindicales de participación en los organismos de previsión tuvo nula repercusión. Lo intentó José Luis Lingeri (jefe de Obras Sanitarias y director de AySA) en la SSS al plantear la necesidad de conformar una comisión de seguimiento y control de la distribución de reintegros estatales para la cobertura de tratamientos médicos de alta complejidad. En varias reuniones Korenfeld se comprometió a transmitir ese pedido, pero la respuesta jamás llegó.