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Previsible: cae causa del valijero
Guido Antonini Wilson
La presentación del defensor de Uberti, Diego Pirota, se basó en una modificación de la ley antilavado que se introdujo este año y que eliminó el aumento de penas en caso de que el delito sea cometido por un funcionario público. El defensor argumentó que en la causa sólo debía investigarse el presunto delito de lavado de dinero y no de contrabando agravado, como estaba establecido en el proceso. Y como los casos de supuesto lavado ya no presentan la agravante de condena en la nueva ley, el abogado solicitó la prescripción de la imputación de su cliente y, en consecuencia, de toda la pesquisa.
Este planteo fue rechazado por Aguinsky, al considerar que el intento de Antonini Wilson de ingresar u$s 800 mil sin declarar debía ser investigado por ambos delitos. Pero ya en su resolución, el magistrado había aclarado que si los hechos investigados se limitaran a presunto lavado, «la acción penal se encontraría lisa y llanamente prescripta, y correspondería por esa razón el dictado del sobreseimiento de todos los imputados».
Relevancia
La aclaración de Aguinsky adquiere relevancia frente a la llegada del planteo a la Cámara en lo Penal Económico por la sala B del tribunal ya se ha pronunciado en casos similares respecto de este tema y ha circunscripto este tipo de pesquisas al delito de lavado de dinero. El único integrante de la sala que mostró una postura contraria en estos casos fue Marcos Grabivker, quien en general ha resuelto de manera similar a lo ya expuesto por Aguinsky en este caso. Más allá de la probabilidad de que el fallo tenga un voto en disidencia de este camarista, el camino está allanado para que el tribunal haga lugar al planteo de la defensa del exdirector del Órgano de Control Concesiones Viales (OCCOVI) y lo sobresea, junto con todos los imputados.
Mientras aumentan las posibilidades de que la causa del valijero sea cerrada, tras cuatro años de pesquisa, los investigadores del caso intentan avanzar en los pedidos de extradición de los imputados que están en el extranjero. Los principales son Antonini Wilson, en Estados Unidos, y el exvicepresidente de la petrolera venezolana PDVSA, Diego Uzcátegui, y su hijo, Daniel.
A pesar de la falta de respuestas por parte de Estados Unidos y Venezuela sobre estos pedidos, el juez y la fiscal María Luz Rivas consiguieron la semana pasada interrogar a una funcionaria venezolana que viajó esa noche con el valijero y varios funcionarios de Hugo Chávez. La declaración de Ruth Behrends Ramírez había sido solicitada vía exhorto a Venezuela y nunca se había recibido respuesta, pero la semana pasada llegó a la Argentina y fue demorada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que le notificó su citación ante el juez. Poco pudo agregar la funcionaria sobre lo sucedido el 4 de agosto de 2007 ya que, según aseguró, había salido del aeropuerto antes de que la PSA demorara a Antonini Wilson y partió al otro día para Uruguay por trabajo. Sí precisó, sin embargo, que había sido Uberti con quien se había hablado para que ella pudiera viajar en ese vuelo, apuntando una vez más a los supuestos vínculos del exfuncionario con el caso.


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