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La conclusión pertenece a un informe de la consultora Economía & Regiones, que sostiene que se trata de transferencias por cerca de $ 41.063 millones ($ 13.700 millones más que lo presupuestado en 2014, por $ 27.400 millones).
Al centrar la lupa en los números finos, surge que el 43% de esos fondos estará destinado a cubrir el déficit habitacional; un 16% al programa de Ingreso Social con Trabajo, y un 14% a complementar el salario docente.
En tanto, el 26% restante se destinará a obras viales, programas alimentarios, infraestructura escolar, acciones de empleo y programas de salud.
Según el estudio, el 52% del total de programas seleccionados -$ 21.507 millones- es ejecutado por el Ministerio de Planificación Federal que conduce Julio De Vido, con incidencia directa en las provincias, destinados a la ejecución de obras públicas.
"Respecto al Presupuesto 2014, este monto casi se duplicó (+82%). El resto es ejecutado por los ministerios de Desarrollo Social, Educación, Trabajo y Salud", afirman.
En paralelo, si se observa la distribución per cápita del gasto del total de programas relevados ($ 41.063 millones), Tierra del Fuego surge como la más beneficiada, con un gasto anual de 4.009 pesos por habitante, un 460% más que el gasto consolidado por habitante ($ 1.021).
En el extremo opuesto se encuentra Córdoba con $ 366 por habitante, muy por debajo del dato consolidado y recibiendo menos de un décimo del gasto equivalente registrado en Tierra del Fuego.


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