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Primer round entre Nación y Lifschitz por deuda de más de $50.000 millones
Miguel Lifschitz
"La provincia presentó una cifra original de $22.000 millones junto a las actualizaciones correspondientes, y mostró las tasas que utilizaron para llegar a lo que ellos entienden que tiene que ser abonado, que pasa los $50.000 millones. Los abogados de Hacienda analizarán ahora la documentación y en las próximas semanas responderemos", señalaron desde Casa Rosada a Ámbito Nacional al término del encuentro.
Pese al tironeo político entre Lifschitz y el presidente, Mauricio Macri, por el futuro de la UCR (socio de Cambiemos a nivel nacional) en Santa Fe (junto con el socialismo cogobiernan la provincia desde 2007, bajo el eslogan del Frente Progresista), el cónclave de ayer y las buenas intenciones entre los involucrados descomprimieron el clima de declaraciones cruzadas de las últimas semanas.
Incluso, desde Nación destacaron la postura de Santa Fe de "sentarse a negociar en comisión bilateral y no seguir el pleito en la Justicia". El venenoso dardo fue dirigido al gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá, que tras el fallo de la Corte -el otro beneficiado fue Córdoba, aunque sólo para la retención del 15%- elevó la liquidación al tribunal de Lorenzetti. Casa Rosada impugnó los $11.000 millones que debería pagar -"a nosotros nos dan números más bajos", dijeron-, y la resolución podría demorarse varios meses.
Ayer, el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, arribó al Ministerio del Interior y fue recibido por funcionarios de primera línea de la cartera que preside Rogelio Frigerio, quien se encontraba en Tierra del Fuego. Lifschitz tampoco participó del convite, ya que forma parte del viaje oficial en los Estados Unidos.
"Dijimos que no pretendemos cobrar todo el dinero en efectivo, que estamos dispuestos a aceptar títulos o cuotas, y que el objetivo es poder acordar", manifestó Saglione a medios locales al término de la reunión.
El ministro santafesino además aseguró que desde el distrito esperan "poder acordar el monto de la deuda entre este mes y el mes próximo".
Para la devolución del 15% de coparticipación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación definió la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley 26.078, que permitía la deducción de ese porcentaje para destinarlo al financiamiento de la ANSES.
El pleito que se disparó en 2006 comenzó, en realidad, en agosto de 1992, cuando los gobiernos nacional y de las provincias consensuaron la cesión de las cajas de jubilaciones al Estado, a cambio de que éste se hiciera cargo de sus pagos y sus deudas.
Luego, ese entendimiento fue renovado, siempre con adhesión de los distritos. En 2006, sin embargo, Nación lo prorrogó sin aval de los gobernadores. Esa decisión unilateral del kirchnerismo le dejó al nuevo poder central, con fallo de la Corte Suprema por medio, una factura a favor de Santa Fe, San Luis y Córdoba cercana a los $90.000 millones.


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