Procesan a De Vido por subsidios al gasoil de colectivos

En un caso en el que están citados 251 empresarios por perjudicar al Estado por $610 millones. No podrá salir del país.

Julio De Vido.

En el mismo expediente en el que se citó a indagatoria a 251 empresarios de colectivos de todo el país, el juez federal Claudio Bonadio dispuso ayer el procesamiento del exministro de Planificación y actual diputado Julio De Vido por presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para gasoil de líneas de colectivos. En la misma medida en la que los funcionarios ya habían sido indagados, ordenó trabar un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $1.000 millones. El magistrado también procesó a los exministros de Transporte Ricardo Jaime (detenido en otra causa), Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos, y a los extitulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro, a quienes dispuso embargo por sumas de hasta $900 millones. Según la resolución, se imputó a los acusados de haber intervenido en las maniobras investigadas en su condición de funcionarios y haber ocasionado un perjuicio de casi $610 millones. Se trata de la misma causa en la que la semana pasada el juez citó a indagatoria a 251 empresarios de distintas líneas de transporte público de pasajeros por presunto multimillonario perjuicio causado al Estado.

Según la resolución, "durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían".

A tal fin, "diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados", sostuvo el juez. Las declaraciones juradas por kilometraje recorrido por cada unidad habrían sido infladas para acceder a mayores subsidios oficiales por gasoil, según se describió la maniobra delictiva.

"Se imputa a Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro, en sus condiciones de interventores de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte; Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ariel Ramos, en sus condiciones de secretarios de Transporte; y Julio Miguel De Vido, en su condición de ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, haber intervenido en el hecho que se detalla a continuación, que ocasionó perjuicio a las arcas del Estado nacional de aproximadamente seiscientos nueve millones trescientos veintiséis mil ciento ochenta y seis pesos, con veinticinco centavos ($609.326.186,25)", afirmó la resolución dada a conocer ayer, mientras sobreviene en De Vido un aluvión de expedientes reactivados en su contra.

"Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes. La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014", añadió la resolución de Bonadio.

Por eso, el juez decretó el procesamiento "sin prisión preventiva" sobre el diputado por considerarlo prima facie coautor penalmente responsable del delito de defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta", además de "disponer la prohibición de la salida del país del nombrado e imponerle la obligación de concurrir a estar a derecho el primer día hábil de cada mes", como parte de las medidas definidas en el procesamiento.