Procesaron a ex funcionario por pago frustrado a Greco

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ESTABA BAJO FELISA MICELI CUANDO ESTALLÓ ESCÁNDALO POR PRIMICIA DE ESTE DIARIO

El ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial y ex director de Administración del Ministerio de Economía Juan Cayetano Intelisano fue procesado por el supuesto delito de defraudación al Estado, por haber aprobado el pago de unos $ 600 millones en bonos al Grupo Greco.

El ex funcionario no estuvo imputado en el causa hasta diciembre de 2008, cuando la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional confirmó los procesamientos del ex subsecretario de Legales Osvaldo Siseles, la ex directora de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink, y los abogados Beatriz Pernas y Alberto García, también por supuesta defraudación. En ese fa-llo, los camaristas Horacio

Cattani
, Martín Irurzun y Eduardo Farah, no sólo ratificaron la medida dispuesta por el juez Sergio Torres sobre los cuatro imputados en el caso, sino que también ordenaron que se profundizara la pesquisa en relación con la tramitación del pago.

La investigación derivó en la citación a indagatoria de Intelisano, ya a cargo de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial cuando se tramitó ese pago, así como de quien lo reemplazaba como director, Eduardo Corrales, que también fue procesado por los mismos motivos el miércoles pasado. En su declaración de mediados de este mes, el ex funcionario de Economía había asegurado que se había limitado a aprobar el expediente, como en las restantes instancias y que había notificado a la autoridad correspondiente del pago, la entonces secretaria Legal y Técnica Estela Palomeque.

Cuando se le preguntó por qué no había investigado si correspondía hacer el pago o no, en su función de subsecretario, Intelisano argumentó que no tenía cómo verificar la supuesta improcedencia del reclamo, si bien ya había un expediente judicial que describía las marchas y contramarchas entre el Estado y el Grupo Greco. Además, en octubre de 2006 la Administración de Deuda Pública notificó a la Subsecretaría Legal de Economía que de los registros de la propia cartera surgía que «el Estado había venido pagando deudas consolidadas por diversos conceptos por cuenta y orden del Grupo Greco, por una cantidad de aproximadamente 164 millones de pesos. Se sugería así la posibilidad de intentar recuperar esos montos», detalla el dictamen de la Cámara.

El intento de pago de unos $ 600 millones en bonos por parte del Estado a la familia Greco tuvo su origen en una vieja demanda que comenzó a principios de los 80, cuando el Gobierno militar confiscó 45 empresas del grupo mendocino, y estalló en plena sesión del Senado a fines de 2006. Allí se intentaba aprobar dentro del Presupuesto la creación de una partida de bonos de $ 710 millones, la mayoría destinados a los Greco. La publicación por este diario de la noticia del pago, provocó una investigación que lo paralizó.

A esto se sumó que la decisión que homologó la liquidación conformada por las partes en 2005 ordenaba abonar al grupo unos $ 330 millones, lo que casi se duplicó un año después, cuando se autorizó en Economía el pago en bonos.

El escándalo derivó en la denuncia penal del caso presentada por el propio Ministerio de Economía, entonces a cargo de Felisa Miceli y que, luego de los procesamientos de esta semana, se considera prácticamente cerrada y lista para ser elevada a juicio oral y público. Si no hay demasiadas demoras procesales de por medio, en seis meses se podría estar realizando el juicio.

Intelisano aparece también en una investigación por el supuesto pago fraudulento de $ 54 millones en efectivo por parte de Economía al grupo de reaseguradoras Accolade Pool. La causa también está a cargo de Torres y a punto de comenzar la etapa de citaciones indagatorias, que se desarrollarán durante noviembre. El ex subsecretario está en la lista, junto con otros acusados a principio de año por el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, entre ellos, Siseles, Eggink, y el empresario croata Johann Holjevac. Además de supuestamente haberse concretado el pago ilícito, esta pesquisa presenta el agravante de que los imputados también son investigados por presunto lavado de dinero.

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