Procesó Bonadío al “Topo” Larosa por hurto en Economía

Claudio Bonadío

El affaire del asesor legislativo Roberto «el Topo» Larosa ya tiene una versión impresa y oficial: el juez federal Claudio Bonadío ordenó su procesamiento (sin prisión preventiva) por los supuestos delitos de violación de domicilio y hurto simple reiterado, en un fallo que reconstruye cómo fue descubierto en el Ministerio de Economía en abril pasado y la forma en que manejaba información confidencial de esa cartera. La resolución tiene además como remate una amonestación al Palacio de Hacienda por las deficiencias en el sistema de seguridad, detectadas durante la pesquisa.

El relato de cómo fue atrapado Larosa en la oficina del subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, y las declaraciones de sus clientes sobre los servicios que prestaba son probablemente más jugosas que la conclusión del magistrado. Después de todo, Larosa fue procesado con un embargo sobre sus bienes de $ 5.000.

En su argumentación, Bonadío da cuenta, a través testimonios y otras pruebas, de varios hechos que hasta el momento no habían sido confirmados. En primer lugar, imputa al asesor legislativo del diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, y del senador del ARI por Tierra del Fuego, José Martínez, haber entrado varias veces al Ministerio sin autorización.

El juez enumera cuatro oportunidades (el 15 de enero, el 12 de febrero, el 11 de marzo y el 16 abril de 2010) en las que Larosa ingresó a la cartera, autorizado en un principio por el funcionario Leopoldo Markus, para después desviarse e ingresar en las oficinas del subsecretario de Presupuesto y las que están dedicadas a la relación de Estado Nacional con las provincias.

Es decir que el arresto de Larosa se produjo, luego de que las autoridades de Economía detectaran su ingreso en la cartera. A este dato se suma la declaración del secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, quien directamente relató cómo la cartera empezó a investigar posibles filtraciones, luego de que Lozano se refiriera a un «informe interno» durante una reunión de la Comisión de Presupuesto en la que se discutió el canje de la deuda. Según Pezoa, a partir de ese momento, «el personal de seguridad comenzó a observar los videos de los últimos tres meses, y advertimos con sorpresa que se visualizó a una persona ingresando en la oficina 411» (correspondiente a Rigo) así como señaló que se lo identificó como Larosa. Por lo tanto, en el Ministerio esperaban al asesor ese viernes 14 de abril.

La resolución también constata que el imputado tenía tres llaves falsificadas, que se correspondían con despachos del ministerio, y que la información sustraída de la cartera era luego elaborada en informes económicos venidos a las consultoras más importantes y a empresas como AySA.

En este punto, uno de los testimonios más curiosos es el de Claudio Mauro, de la consultora de M&S -de Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo-, en el que ratifica la contratación de Larosa y explica de manera didáctica cómo la información que el asesor ofrecía en sus reportes sólo servía si se adelantaba a los anuncios de Economía.

Este aspecto, sin embargo, no fue analizado por el juez, quien sostuvo que «la finalidad perseguida por el causante (Larosa) no era otra que sustraer información que se encontraba reservada en las oficinas a las que accedía, y que hasta ese momento no había sido publicada por el Ministerio de Economía, que si bien no era secreta, se encontraba en etapa de análisis previa a la conclusión del informe final». Por considerar que los datos sustraídos no eran secretos, la calificación de los delitos que se le imputan a Larosa no es tan alta.