Prohíben salida del país a Schiavi y Cirigliano por tragedia de Once

El juez federal Claudio Bonadío prohibió ayer la salida del país al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, al titular de la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), Claudio Cirigliano, y a otras personas vinculadas con la tragedia en la estación Once en donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.

Ninguno de ellos, sin embargo, está imputado por el momento en la causa, por el que hasta ahora, sólo el motorman de la formación, quien declaró hace diez días, es investigado de manera formal en la pesquisa. El magistrado adoptó esta medida de manera precautoria, en relación con los informes entregados a la Justicia de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), y a una posible imputación de estos funcionarios y directivos en el futuro.

Además de Schiavi -quien el jueves pasado fue sometido a una angioplastía y continúa de licencia médica- y Cirigliano, la decisión de Bonadío también alcanzó al subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, al titular de la CNRT, Eduardo Sicaro, y a otros empresarios integrantes de TBA. En este sentido, la dirección que tomará la causa dependerá en gran parte de los resultados de la pericia que comenzó el miércoles mismo del accidente y que tiene un cronograma de tareas planeado, al menos, hasta el próximo 12 de marzo.

Análisis

El viernes pasado se dieron a conocer los primeros resultados de estos análisis técnicos, que determinaron que los frenos de los últimos cuatro vagones de la formación del accidente habían funcionado el día de la tragedia. Otros aspectos descartados respecto de la conducta del motorman el día del accidente fueron el test de alcoholemia, que dio negativo, y su celular, que no mostraba mensajes ni llamadas recibidos o realizados durante el trayecto previo a la tragedia.

Por su parte, el conductor del tren, Marcos Antonio Córdoba, declaró ante el juez que había intentado frenar dos veces la formación y accionar el freno de emergencia y ninguno había funcionado. También sostuvo que ya había advertido fallas en el funcionamiento del tren, pero que no advirtió a los operadores ya que planeaba pedir la revisión de la formación cuando llegara a la estación de Once.

La medida adoptada ayer por Bonadío complementó su decisión del viernes pasado de aceptar al Estado como querellante en la causa por las responsabilidades del accidente. En ese fallo, el magistrado remarcó que esta medida se limitaba a considerar al Estado como «una persona jurídica del Derecho Público» y que estaba separado de «perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas». La decisión de ayer se vincula con este último punto.

A pesar de estas aclaraciones del juez, el abogado de un grupo de las víctimas del accidente, Gregorio Dalbón, apeló ayer la decisión de Bonadío de aceptar al Estado como querellante y lo denunció por presunto prevaricato en una nueva causa que quedó a cargo de la jueza María Serivini de Cubría.