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Prorrogará Presupuesto 2010. Amenaza con DNU para deuda
Aníbal Fernández, Roberto Feletti
Esta línea de trabajo fue dispuesta ayer desde Seúl por la propia jefa de Estado, y dictada temprano por la mañana (casi la tarde de Corea) a los principales referentes del Gobierno, especialmente el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, el presidente del bloque del Frente para la Victoria (FPV) de Diputados Agustín Rossi, la presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont y el viceministro de Economía, Roberto Feletti. Todos estos funcionarios deberán comenzar ya a trabajar con la nueva hipótesis sobre el futuro del Presupuesto nacional, ya que la orden llegada de Corea fue terminante: no negociar las pautas fiscales y económicas fijadas para 2011, y menos aceptar que avance el proyecto de la oposición.
Aparentemente, lo que terminó de convencer a Cristina de Kirchner fueron las denuncias de corrupción y compra de votos de los diputados de otros bloques, especialmente las provenientes del radicalismo, partido con el que el oficialismo había estado negociando hasta la noche del miércoles.
Hubo además una larga conversación telefónica entre la Presidente y uno de los principales funcionarios, donde parte de la charla transitó por las denuncias de Elisa Carrió sobre supuestas, y desmentidas, comunicaciones con Aníbal Fernández. «Deberíamos ser más que idiotas si le hubiéramos mandado un mensaje de texto a esa diputada», reflexionaba, enojada, una alta fuente del Gobierno sobre la acusación.
Claves
Hay dos temas clave que el kirchnerismo no quiere discutir con la oposición en el Congreso: la meta de inflación del 8,9% y la aplicación del 82% móvil. En el primer caso, los bloques opositores propusieron una medición de más del 20% e incluir la reforma del INDEC. En el segundo, aplicar el aumento a las jubilaciones desde el pago del incremento obligatorio para la clase pasiva de marzo próximo, llevando el mínimo a no menos de 1.500 pesos mensuales. Ambas alternativas son, según el Gobierno, política y fiscalmente inaceptables para el programa económico de 2011.
La oposición acusa a la administración de Cristina de Kirchner de subestimar la inflación porque así baja las expectativas de recaudación impositiva y después posee más recursos para manejarlos por afuera del Presupuesto, es decir, en forma «discrecional».
Ante este panorama, sin el Presupuesto para 2011, para el Gobierno se presenta un solo problema fiscal grave: la autorización para el uso de reservas para liquidar los vencimientos de deuda externa que en el próximo ejercicio llegan a los u$s 7.504 millones.
Los primeros análisis de ayer dentro del Gobierno hablan de la posibilidad de enviar un proyecto de ley separado para que el Congreso autorice esta operación en abril del próximo año, cuando el Poder Legislativo vuelva a trabajar desde el primero de marzo. En teoría
habría tiempo, ya que los primeros vencimientos de deuda cierran a fines de marzo. Sin embargo, el oficialismo ya trabaja en un Plan B: si no hay aval del Congreso para el pago de deuda con reservas, se recurrirá a un nuevo DNU.
Según el Gobierno, la Justicia avalaría la operación. Se refiere a los fallos de las cámaras en lo Contencioso Administrativo de marzo del año pasado, donde al Gobierno se le autorizó un primer pago de u$s 203,6 millones correspondientes al Boden 2015. Luego, el Gobierno continuó liquidando vencimientos con reservas, pero con el respaldo de una ley que le habilitó el Congreso.
La primera liquidación importante deberá hacerse efectiva la última semana de marzo, cuando Economía deba girar los u$s 1.500 millones correspondientes al Bonar V. Luego, en agosto, se deberá afrontar el pago de u$s 2.000 millones correspondientes al Boden 2012 y otros u$s 2.000 millones por el Cupón PBI.
El conflicto político iniciado en torno a las fuertes diferencias sobre la suba de precios para el año que viene parece no tener un cercano desenlace favorable a la aprobación del Presupuesto en 2011, dado que el Ejecutivo no cederá en el cálculo de los recursos ni con la cifra de inflación.
Según dijo el jefe de Gabinete, con el retorno del proyecto a comisión, como lo dispuso la Cámara baja durante la madrugada del jueves, «quieren hacerle una zancadilla al Gobierno para que se encuentre impedido» de administrar. «La oposición quiere decirnos cómo gobernar. Y ponen a parir al pueblo argentino», se quejó Fernández.


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