27 de agosto 2009 - 00:00

Provincias acuerdan con Nación suspender ley que les impedía endeudarse

Provincias acuerdan con Nación suspender ley que les impedía endeudarse
La ronda de diálogo que el Gobierno nacional abrió con todos los sectores políticos a partir de la derrota oficialista del 28 de junio último, parece haber tenido resultado positivo para los gobernadores. Los reclamos por un mejor reparto de la coparticipación y por el envío de fondos extra para superar los problemas financieros en las provincias serán sosegados con una modificación en la Ley de Responsabilidad Fiscal -una demanda que se hizo sentir en los últimos días-. Será a través de un proyecto para que todos los distritos eleven el gasto y puedan endeudarse, que ayer estaba pronto para ingresar al Congreso de la mano de la diputada mendocina Patricia Fadel, del Frente para la Victoria. La iniciativa ya cuenta con el aval del Ejecutivo, e implica suspender durante 2009 y 2010 varios artículos de la norma.

Se trata de los artículos 10, 12, 15 y 21 de la Ley 25.917, que permitirá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan elevar el gasto y contraer deuda por encima del 15% de sus ingresos corrientes, con destino al mantenimiento de los niveles de empleo y para que se apliquen en situaciones de emergencia social y sanitaria. Asimismo, prevé que las provincias puedan cerrar el año fiscal con deuda.

Actualmente, la urgencia de los gobernadores es poder cancelar erogaciones corrientes (sueldos, servicios, transferencias a municipios y escuelas privadas y proveedores) así como usar partidas de obras para pagar sueldos -Córdoba, Chaco y Buenos Aires estudiaron la posibilidad de pagar salarios desdoblados o escalonados-. Asimismo, con la reforma también se permitirán redireccionamientos a gastos corrientes de fondos destinados a gastos de capital (obra pública y equipamiento).

Pero la modificación -en principio- no será permanente, como pedían el Gobierno de Mendoza y de otras 15 provincias en casos de crisis coyunturales, sino únicamente durante lo que queda de 2009 y todo 2010. Así, Cristina de Kirchner aceptó el pedido de reformar la ley, pero sin extensión en el tiempo. Ley que, en rigor, ningún distrito venía cumpliendo ampliamente.

Promotor

La semana pasada, el gobernador mendocino, Celso Jaque, impulsó entre sus pares y con funcionarios del Gobierno nacional la necesidad de modificar algunos artículos de la ley sancionada en 2004, a partir de los problemas de caja que padece una importante cantidad de provincias. «Nos llamaron del Gobierno nacional. Dicen que trabajaron para la modificación de la ley y el día lunes nos enviaron un proyecto que estuvimos estudiando con otras provincias», confirmó a este diario el ministro de Hacienda mendocino, Adrián Cerroni. De ese intercambio surgió entonces «un proyecto unificado». El 3 de setiembre se reunirá el Comité de Responsabilidad Fiscal Federal, que integran todos los ministros de Hacienda del país, instancia en que los gobernadores esperan que la reforma esté pronta a aprobarse, para lo que desarrollarán una serie de reuniones con legisladores nacionales en pos de ese objetivo. «La propuesta satisface nuestras expectativas, y cuenta con el consenso de varios legisladores de entre 15 y 17 provincias, incluso de la Nación. En definitiva, no creemos que haya problemas para que se discuta en la próxima semana», aseguró Cerroni.

No obstante, la estrategia del Gobierno nacional para frenar los reclamos por más fondos por parte de los mandatarios no tendrá el efecto buscado. «Alivia, pero no frena el reclamo (de una mejor distribución de la coparticipación) porque no asegura más fondos», dijo el ministro mendocino.

Para el caso de Mendoza «tenemos fijado que habrá déficit, que pensamos recuperar parte con un decreto de ahorro, pero que de todas maneras a fin de año faltarán $ 350 millones que harán necesario algún tipo de préstamo o la emisión de un bono», detalló.

El préstamo bancario sería con un plazo de hasta 5 años con tasas superiores al 12%, mientras que la emisión del bono se haría con plazo de 5 a 8 años y tasa de hasta un 12%, aunque no se descarta una salida mixta que contemple ambas alternativas.

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