Provincias confían en que Nación salde sus deudas

• CÓRDOBA, SAN LUIS, SANTA FE Y LA PAMPA APUESTAN AL DIÁLOGO PESE A JUICIOS

Miguel Lifschitz y José Manuel de la Sota

 El balotaje presidenciable del 22-N expulsó una bocanada de aire fresco para un delicado reclamo sobre deudas que Nación debe honrar a distritos como Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Pampa. Pese a que mandatarios electos de diversas provincias prometieron diálogo y acompañamiento inicial para con el jefe de Estado (ver página 26), la agenda -mucho más amplia- del interior ya pide con urgencia una pista de negociaciones que Cristina de Kirchner nunca construyó.

Por caso, desde Córdoba, el gobernador electo del peronismo disidente Juan Schiaretti -sucesor de José Manuel de la Sota- manifestó sin conocer aún al vencedor de la compulsa de ayer que "con las nuevas autoridades nacionales se va a terminar la discriminación" hacia la provincia.

De la Sota siguió la misma línea y dejó en claro que aspira a que el próximo presidente "nos reconozca como parte del país", y espera que por vía judicial o por intermedio del diálogo político se resuelva el reclamo por la deuda de Nación a Córdoba. Este distrito lleva adelante en la Corte Suprema de Justicia, desde julio de 2012, una demanda en pos de recuperar para la Caja de Jubilaciones local $ 1.040 millones presuntamente adeudados por la Casa Rosada.

En la presentación de 2012, el Ejecutivo cordobés denunció un presunto incumplimiento desde febrero de 2011 de un convenio sellado en diciembre de 2009 entre Córdoba y el Gobierno nacional para hacer frente al déficit de la Caja de Jubilaciones local. Sin embargo, desde la Casa Rosada argumentan que el distrito no respetó los criterios de armonización previsional respecto de los parámetros federales. El acuerdo de 2009 fue rubricado por el entonces mandatario Schiaretti, hoy gobernador electo tras su triunfo del 5 de julio.

A fines de septiembre último, el titular de la ANSES, Diego Bossio, argumentó: "Esto tiene que tener una solución política no sólo en Córdoba, sino en las 13 provincias que no han transferido sus cajas". El funcionario agregó que "la única manera de discutir esto es reglamentar el proceso de armonización, que instruyó el Pacto Federal que se firmó en 1999".

Para conocer el origen de esta maraña hay que retrotraerse a 1992, cuando se dio luz verde a la privatización del sistema jubilatorio y los distritos aceptaron resignar el 15 por ciento de los recursos coparticipables para financiar el déficit de la ANSES. Luego, entre 1994 y 1996 fueron transferidas a la Nación las cajas correspondientes a 11 provincias.

Recién en 1999 se firmó el Compromiso Federal, por el cual Nación impulsaba el financiamiento de déficits en los sistemas provinciales no transferidos, a cambio de la armonización de las jubilaciones al esquema nacional. Córdoba denuncia que no se le ha pagado ese déficit, y Nación responde que ese distrito no armonizó. Semanas atrás se sumó a esta trifulca La Pampa, por una deuda del orden de los $ 1.000 millones.

Al vagón del ahora oxigenado reclamo se subió San Luis, de la mano del gobernador electo del peronismo disidente, Alberto Rodríguez Saá. "Le pido al próximo presidente que nos respete, que nos pague la deuda. Nosotros vamos a acompañarlo", disparó el sucesor de Claudio Poggi. De hecho, el actual mandatario buscó durante cuatro años una respuesta concreta sobre los casi 10.000 millones de pesos que, según cuentan desde tierra puntana a Ámbito Nacional, debe Nación. "Me comprometo a pagar toda la deuda", expresó Mauricio Macri en San Luis dos meses atrás, durante la campaña.

En tanto, en Santa Fe, el exgobernador socialista y actual diputado nacional, Hermes Binner, señaló durante su frustrada campaña a senador que "se estima que la deuda es de más de 30.000 millones de pesos", por la retención del 15 por ciento de la coparticipación federal, y que "con ese dinero ", el futuro mandatario Miguel Lifschitz podría "construir 50.000 viviendas, 20.000 centros de salud, 1.000 escuelas". Una falla en el giro de fondos prometidos por Nación también reclama Corrientes, entre 2010 y 2014, por más de 2.200 millones de pesos.