Provincias ya iniciaron demandas judiciales

Las restricciones comerciales que Brasil aplicó a productos del agro argentino, generaron una fuerte reacción entre productores y Gobiernos de las provincias afectadas. La medida tomada por la administración de Luiz Inácio Lula da Silva -que es interpretada como una «devolución de favores» por las trabas locales impuestas hace tiempo a productos como calzado y electrodomésticos- perjudica principalmente a economías regionales en la zona de Cuyo y el Alto Valle, generando problemas de mayor escala social que económica.

Presionados por cámaras de productores y legisladores provinciales, los gobernadores de Río Negro, Miguel Saiz (UCR); San Juan, José Luis Gioja (PJ); y Mendoza, Celso Jaque (PJ) iniciaron gestiones ante la Cancillería. Autoridades de Neuquén y La Rioja también buscan respuestas de la administración federal.

En este escenario de conflicto, el gobernador mendocino fue el único que hasta ahora tomó una medida en forma autónoma: firmó ayer un decreto para activar acciones judiciales contra Brasil, reclamando el pago de los perjuicios que ocasionan las trabas comerciales.

También ayer, a pedido de los mandatarios, el embajador de Brasil, Mauro Viera, recibió a los diputados Patricia Fadel (Mendoza) y Ruperto Godoy (San Juan). Vieira ya transmitió la preocupación a las autoridades de la Secretaría de Comercio brasileña. A nivel local, la presión provincial también llega a la ministra de la Producción, Débora Giorgi.

Las licencias no automáticas fueron puestas en práctica por Brasil diez días atrás y afectan a harina de trigo, vinos, ajo, frutas frescas, frutas secas, hortalizas, aceite, aceitunas y algunas raciones para alimentar animales.

El golpe afecta principalmente a sectores que ocupan mano de obra intensiva y son importantes para la economía de la provincias, pero que no mueven el amperímetro de la economía argentina. Por caso, la exportación de frutas del Alto Valle hacia Brasil durante todo 2008 reportó unos u$s 100 millones. A su vez, en Mendoza calculan que el daño sobre la provincia abarcaría unos u$s 300 millones.

La Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) indicó ayer que el mercado brasileño es «la fuente de financiamiento fundamental a esta altura del año, dado que es el único mercado de exportación en el segundo semestre». La Cámara subrayó, además, que se espera un impacto económico puesto que «el mercado interno no podrá absorber el excedente que se produzca por esta situación».

Los frutícolas también advirtieron que actualmente, de no contar con licencia previa sobre su cargamento, cada camión argentino debe pagar 2.500 reales de multa y, de todos modos, no puede ingresar su mercadería al mercado brasileño.