De esta manera, el Estado Libre Asociado incumplió por segunda vez en un impago después de que a principios de agosto de 2015 no saldara u$s 94 millones a la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por su sigla en inglés). El no cumplir con el vencimiento del PFC fue considerado el primer impago de deuda de la historia de la isla caribeña, cuyas consecuencias no se conocen con exactitud a falta de información oficial más allá de algunos comentarios de la prensa local que apunta a que Gobierno y acreedores negocian todavía un acuerdo. El Gobierno ha reconocido que espera las consiguientes demandas judiciales, pero a su vez dice estar preparado para hacer frente a unos acreedores que en ocasiones han buscado presentarse en las manos de "fondos buitre", que tratan de recuperar sus inversiones a cualquier precio.
La vista es la sexta que celebra el Congreso estadounidense en menos de un año sobre Puerto Rico, territorio que, como su gobernador Alejandro García Padilla ha dicho en varias ocasiones, no podrá cumplir con los vencimientos de una asfixiante deuda de cerca de u$s 72.000 millones. El martes se confirmó que el Gobierno de Puerto Rico no saldó el vencimiento de deuda de u$s 37,3 millones de dos corporaciones públicas, decisión esperada pero que abre la puerta a demandas judiciales. "El alto costo de la electricidad es un problema grave en Puerto Rico, tanto para los individuos como las empresas", manifestó Pierluisi, tras apuntar que las familias trabajadoras de la isla tienen que destinar una parte importante de sus ingresos a pagar sus facturas de electricidad. Además, resaltó que en el caso de las empresas, el elevado coste es un desafío al afectar su capacidad para obtener ingresos, expandirse y contratar empleados. "El alto costo de la electricidad es un factor importante que contribuye al alto nivel de migración de Puerto Rico a Estados Unidos, debido a que perjudica la calidad de vida y les hace más difícil a las personas obtener empleo, además de obstaculizar el crecimiento económico", añadió. En tanto, el funcionario indicó que la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico debe ser reformada.
Por su lado, Lisa Donahue, responsable de reestructuración de la AEE, también participará el próximo 12 de enero en la cita legislativa. La AEE anunció el pasado 24 de diciembre un acuerdo con los acreedores que controlan cerca del 70% de su deuda, lo que permitirá a la compañía la puesta en marcha de un plan de reestructuración financiera. El hecho de que Donahue alcanzará un acuerdo con los acreedores de la compañía es interpretado por analistas económicos locales como un posible modelo para afrontar el resto de la deuda de Puerto Rico. La dirección de la AEE quiere implementar una reforma estructural para convertir en rentable una corporación pública con estructuras anticuadas y que cobra altas tarifas a sus clientes. Donahue ya anunció que tras el acuerdo con los acreedores se invertirán u$s 2.400 millones de dólares en proyectos que facilitarán contar con una empresa moderna.
Los economistas puertorriqueños siempre han apuntado que la AEE, que actúa en Puerto Rico como un monopolio, es uno de los factores que frenan el desarrollo de la economía local, por lo que su transformación es fundamental para la marcha del territorio caribeño. Con la cita del próximo 12 de enero el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Paul Ryan, cumplirá con la promesa de atender la situación de Puerto Rico durante el primer trimestre de 2016. Ryan pidió antes del receso navideño a todos los comités de la Cámara de Representantes de EE.UU. iniciativas para tratar de solucionar el problema de la crisis económica y de la deuda de la isla caribeña.
Asimismo, la agencia Standard & Poor's (S&P) rebajó la calificación de la deuda de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (PRIFA, por su sigla en inglés). La agencia financiera informó a través de un comunicado que tras el impago de los bonos, la deuda de Prifa pasa de nota 'CC' a 'D', el nivel más bajo que otorga S&P, reservado para casos de suspensión de pagos.
| Agencia EFE |
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