Puja por el río Atuel: Mendoza y La Pampa buscan cumplir fallo

El gobernador cuyano, el radical Alfredo Cornejo, encarará un contacto hoy con su par peronista Carlos Verna. Piden un veedor de la Corte.

Alfredo Cornejo y Carlos Verna.

Tras el fallo de la Corte Suprema sobre el conflicto entre La Pampa y Mendoza por el cauce del río Atuel que obliga a realizar obras para garantizar un mayor caudal de agua a los pampeanos, el gobernador de esa provincia, el peronista Carlos Verna, dijo que se ha dado "un paso fundamental" para revitalizar las tierras de su distrito.

Verna destacó el fallo y se mostró entusiasta por la reactivación del Comité Interprovincial del Atuel inferior (CIAI), formado por La Pampa, Mendoza y el Gobierno nacional, que ordenó el máximo tribunal.

Por su parte, desde Mendoza, el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, dijo que el gobernador radical Alfredo Cornejo hoy "va a mandar una carta a Verna para invitarlo a conformar el CIAI y fijar fecha para una reunión urgente en Buenos Aires, en el Poder Ejecutivo nacional, para que sea un ámbito neutral". "También queremos proponer un veedor de la Corte para que monitoree cómo avanza el proceso", aseguró el funcionario mendocino. Los cuyanos recibieron el fallo con alivio, ya que el peor escenario los obligaba a pagar una indemnización por daños ambientales.

Aun así, Verna celebró el fallo dictado el viernes por la Corte: "Soy uno más, entre todos los pampeanos, que ha transcurrido su vida sabiendo que los derechos de su provincia fueron violados. Venimos luchando porque a La Pampa le robaron el Atuel". Y destacó que el fallo ordena hacer un plan de obras para el uso de las aguas.

El máximo tribunal fijó un plazo de 120 días para que se presente el plan que ponga fin al conflicto entre ambas provincias. Por mayoría, dispuso que en el plazo de 30 días se fije un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema que resultó afectado en el noroeste de La Pampa a raíz de las represas y canales construidos en Mendoza, donde nace el río.

La demanda se basó en el incumplimiento del Gobierno mendocino al fallo de 1987 que lo obligaba a negociar y celebrar convenios para regular el uso del agua.