Pulsean Nación y Santa Cruz hoy por ajuste del déficit

En medio de protestas, Alicia Kirchner insiste en que no despedirá gente ni retocará Caja de Jubilaciones. “Se parecen al FMI”, dicen.

Presión. Un grupo de docentes mantenía la toma del Ministerio de Economía en reclamo de salarios atrasados.

En medio de una escalada de protestas que va in crescendo, la tensa crisis que atraviesa Santa Cruz tendrá un capítulo clave hoy, cuando el Gobierno de Mauricio Macri reciba a funcionarios de la gobernadora Alicia Kirchner (FpV) para negociar un plan gradual de control del déficit, paso clave para destrabar una asistencia financiera nacional amplia.

Desde el Ejecutivo santacruceño dejaron en claro que no avanzarán en despidos de estatales ni en cambios en el sistema previsional como moneda de ajuste.

El encuentro se desarrollará en el exedificio BANADE, en Buenos Aires, y tendrá como anfitrión al secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli y parte del equipo del ministro Rogelio Frigerio, mientras que a la mesa esperan al titular de Economía, Juan Donnini, quien quedó atrapado en su despacho en Río Gallegos varias horas -durmió allí en la noche del martes- por una protesta de docentes que ocupó la sede de ese ministerio, y que continuaba ayer.

En círculos nacionales confiaban ayer en recibir hoy -de parte de Santa Cruz- "una propuesta de equilibrio fiscal de cara al 2018/19", para en base a eso "trabajar en un plan asistencia". Se trata -tal como informó ayer Ámbito Financiero- del requisito que deben cumplir los gobernadores que pretenden refinanciar su deuda con Nación, en un programa que incluye como contrapartida una reducción gradual del déficit.

En el caso de Santa Cruz ese plazo expira el 17 de mayo y se convierte en vital, ya que de ser aprobado por Nación abrirá el paso a, entre otros ejes, una refinanciación este año de vencimientos de deuda por más de $800 millones y el aval a un inminente préstamo del Banco Nación por $850 millones y a la colocación de un bono por u$s350 millones.

El telón de fondo es delicado: frente a los atrasos salariales -la mandataria adeuda aún buena parte de los sueldos de marzo y no hubo una recomposición salarial-, la provincia se encuentra paralizada por los paros.

De hecho, las clases virtualmente no comenzaron -ayer los maestros cumplieron 30 días de huelga-, y están diezmadas la Salud y la Justicia, mientras que la grilla de tomas de edificios públicos se engrosa día a día. En paralelo, hoy una nueva movilización paralizará Río Gallegos (ver página 18).

En medio de denuncias desde el kirchnerismo -con Cristina de Kirchner como vocera- respecto de un supuesto intento de "ahogo" financiero a la provincia, en las últimas horas tanto la exministra de Desarrollo Social como varios de sus ministros dejaron en claro que no dispararán despidos en la planta de estatales para reducir el déficit provincial, que cerró en $4.300 millones en 2016, un monto que a fin de este año escalaría a $5.700.

También se mantienen firmes en la decisión de no armonizar el sistema previsional provincial con el nacional para enfrentar el déficit de la Caja.

Uno de los voceros ayer fue el vicegobernador Pablo González, quien remarcó que si bien están "dispuestos a discutir todo", de la crisis "se puede salir con crecimiento, no sólo con achique".

Además enfatizó que esperan "que no sea cierto que una de las condiciones es que la provincia modifique el sistema previsional".

"Las condiciones que nos están imponiendo me hacen acordar a las del FMI con la Argentina no hace muchos años, y todos sabemos cómo terminó la historia", arengó. En esa línea, pidió tener en cuenta la parálisis de obras públicas nacionales y la crisis del sector hidrocarburífero.

"Después discutimos todo lo que quieran, el tema de la corrupción lo discutimos, pero también hay que ver en qué contexto está pasando lo que esta pasando", dijo, en una agenda en la que incluyó además la exigencia de la Casa Rosada de terminar con la polémica Ley de Lemas, por la cual precisamente ganó Alicia Kirchner en 2015, pese a que el radical Eduardo Costa fue el candidato a gobernador más votado.