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Purga municipal: piden destitución de un intendente
Los despidos en la Municipalidad de La Plata desembocaron el viernes pasado en un grave enfrentamiento entre Infantería y manifestantes.
En Buenos Aires, una provincia-país con vida propia, el despido de personal -más relacionado con la militancia que con trabajo genuino- se ramificó en casi todos los municipios, aunque el foco principal lo acaparó La Plata: el viernes pasado, la notificación a 4.500 empleados del cese de actividades y la posterior marcha hacia la Municipalidad finalizó con un duro enfrentamiento con la Infantería, que reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos.
Tras la trifulca, el Ministerio de Seguridad de la provincia dio intervención a la Dirección de Asuntos Internos para "determinar los grados de responsabilidad y sancionar al subcomisario a cargo y a efectivos que se desempeñaron en el operativo frente del Palacio Municipal de la ciudad de La Plata".
Lo ocurrido en la ciudad liderada desde hace un mes por Julio Garro es un patrón que se repite con los también jefes comunales de Cambiemos Gonzalo Valenzuela (Tres de Febrero) y Néstor Grindetti (Lanús), entre otros, aunque a éstos y a muchos más se les suman intendentes del Frente para la Victoria Juan Zavaleta (Hurlingham), quien a su vez dejó decenas de nombramientos en el Senado de la Nación, en su anterior cargo, que fueron desactivados días atrás por la vicepresidente, Gabriela Michetti.
Sin embargo, la preocupación y tensión aumentó en las últimas horas luego de darse a conocer el decreto con el que la gobernadora, María Eugenia Vidal, anuló por 180 días las paritarias de los empleados municipales.
La norma en cuestión regula la discusión paritaria y establece, como nuevo marco normativo, una vieja ley del duhaldismo que le permite a los jefes comunales fijar los salarios de este año de manera unilateral.
En el interior del país, la revisión de contratos se replica con igual fervor. Por caso, en Las Heras (Mendoza), y tras encontrar un municipio devastado, el intendente Daniel Orozco pidió que se presentaran 662 empleados para revisar sus contratos y un tercio de los trabajadores no asistió a la entrevista.
La capital riojana presenta una situación particular: la disputa interna entre el exintendente Ricardo Quintela (PJ) y el jefe comunal Alberto Paredes Urquiza (FpV), tras la decisión del último de analizar cientos de contratos, generó el rechazo de los concejales que responden al primero, quienes buscan sesionar de manera extraordinaria (a un mes de haber comenzado la nueva gestión) para analizar las exclusiones de trabajadores, o para pedir luz verde al proceso de juicio político contra el intendente.


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