La comisión tendrá dos años para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los años 1948 y 1986, tanto las atribuidas a los militares como a la resistencia del régimen. Todo ello sin alterar la Ley de Amnistía, aprobada en 1979.
Del cuerpo no podrán formar parte quienes ejerzan cargos ejecutivos en organizaciones partidarias y no tengan condiciones para actuar con imparcialidad.
Las informaciones cosechadas deberán ser enviadas, por ejemplo, al Ministerio de Justicia para que ayude a la localización de los restos de los desaparecidos. La comisión podrá valerse tanto de aportes voluntarios como de avisos anónimos.
Se abre camino para investigar la Operación Cóndor, un programa articulado con los demás regímenes de América del Sur para la persecución de opositores. Este punto será posible en relación con el artículo número 2, que contempla el esclarecimiento de casos de tortura y desapariciones forzadas, incluso los ocurridos en el exterior.
Se podrán realizar peritajes, convocar a testigos y promover audiencias públicas para recaudar datos.
De acuerdo con miembros del Gobierno, se dará principal enfoque a conocer el paradero de los restos de desaparecidos durante el proceso y los casos de militantes torturados.
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