Quejas sindicales por bloqueo de fondos para obras sociales

Liliana Korenfeld

Los fondos de las obras sociales volvieron al centro de la preocupación de los dirigentes sindicales. Una comitiva de la CGT oficialista se reunió el lunes pasado con la superintendente de Salud, Liliana Korenfeld, en la búsqueda de una respuesta que no halló por una deuda que estiman superior a los 3.000 millones de pesos. Se trata del costo acumulado por los tratamientos médicos y remedios de alto costo que el Estado debería haberles reintegrado y cuyos expedientes se mantienen paralizados desde hace meses.

El metalúrgico Antonio Caló, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio) y Héctor Daer (Sanidad) visitaron a Korenfeld horas antes del encuentro que mantuvieron con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. De hecho, el malestar por la falta de resultados en la primera audiencia marcó parte de la desconfianza que rodeó la conversación con el jefe de la cartera laboral.

Los dirigentes pasaron de la preocupación al enojo cuando la funcionaria dio una explicación acerca de la demora en el pago de los expedientes: no hay personal. No se refería a las vacaciones sino, alegó, a la ausencia de empleados en condiciones de poner en marcha un sistema informático que permitiera agilizar los trámites para los reembolsos.

La explicación no aplacó a los sindicalistas, que en cambio coincidieron en sospechar que el Gobierno mantendrá por más tiempo la decisión de congelar los pagos por dos motivos: el más simple, la restricción de fondos común a otras áreas a la espera de una mayor estabilización de las variables económicas. La otra, de orden político, creen que apunta a disciplinar a los gremios antes del inicio de la ronda de paritarias de este año.

En las reuniones formales Korenfeld sostuvo que había transmitido la inquietud y que debía poner en práctica el nuevo sistema informático. Pero en privado, la funcionaria admitió ante algunos gremialistas que Cristina de Kirchner es quien debe dar el visto bueno para destrabar los envíos, dijo uno de los protagonistas de las negociaciones.

Con fastidio, los técnicos de los sindicatos afirmaron que la superintendente aplicó un nuevo esquema para la recepción de los formularios para el pago de reintegros. Desde el año pasado Korenfeld dispuso que sólo se permitirá la recepción de nuevos expedientes por parte de una obra social una vez analizada la validez de los presentados anteriormente.

Dicho de otra forma, mientras un trámite por el reembolso de un tratamiento de discapacidad o enfermedad grave recorre todo el espinel administrativo del órgano, la entidad de salud gremial está imposibilitada de avanzar con otras requisitorias. Uno de los dirigentes lo comparó con el sistema aplicado por la AFIP para la compra de dólares para viajes al exterior: en lo formal se pueden presentar las solicitudes, pero en los hechos la canilla está virtualmente cerrada.

También se quejaron de otro incumplimiento: en noviembre una resolución creó el Sistema Único de Reintegros por Prestaciones Otorgadas a Personas con Discapacidad, que debía generar un padrón para esos pacientes que disparase de manera automática el pago de los reembolsos por sus tratamientos. En la CGT oficialista dijeron que ese esquema no se puso en marcha, y que los expedientes sobre esas coberturas fueron a parar al mismo bloqueo burocrático que el resto.

El único alivio que dijeron tener los gremialistas es el pago a término de unos 175 millones de pesos que el Estado les gira por mes a sus obras sociales. Lo hace por el denominado Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), inaugurado en septiembre último y que para el mismo mes de este año debería haber liquidado un total de $ 2.000 millones por ese concepto entre todas las obras sociales.

Si bien el SUMA fue creado para dotar a las organizaciones de mayor financiamiento para planes de prevención, en los hechos las obras sociales terminaron por utilizar esos fondos -siempre de acuerdo con la versión de los propios gremialistas- para cubrir el déficit originado en la ausencia de recursos por parte de la Superintendencia.

El malestar que causó entre los dirigentes la reunión con Korenfeld se trasladó horas después al encuentro con Tomada. Armando Cavalieri fue uno de los que le recriminó al Gobierno la falta de respuestas ante las demandas de las obras sociales. Y dio a entender que si el Ejecutivo no cumplió con compromisos asumidos a través de resoluciones en esa área, no tenían por qué confiar en una compensación vía Ganancias a una eventual negociación moderada en las paritarias.