26 de marzo 2012 - 00:00

Radicalismo no se resiste a la interna: ya tiene tres divisiones

En línea, pero a distancia prudente. Los radicales Ricardo Alfonsín, Nito Artaza, Eduardo Santín, Gerardo Morales y Luis Naidenoff hacen equilibrio en la sesión de la asamblea del sábado pasado.
En línea, pero a distancia prudente. Los radicales Ricardo Alfonsín, Nito Artaza, Eduardo Santín, Gerardo Morales y Luis Naidenoff hacen equilibrio en la sesión de la asamblea del sábado pasado.
El radicalismo tiene a su favor este año que no haya elección alguna en el horizonte. No es un tema menor: el año 2013, por ejemplo, le exigirá debatir una política de alianzas que puede complicar a esa fuerza, algo que en 2012 no sucederá. Pero a pesar de ese panorama de tranquilidad, la UCR no puede dejar de practicar su deporte predilecto, la interna, y aparece así dividida en tres sectores que bien pueden identificarse con Mario Barletta, el santafesino que sigue haciendo sus primeras armas como presidente del Comité Nacional; el radicalismo de centro con emergentes como el cordobés Oscar Aguad (simpatizante de un acercamiento con el macrismo); y un alfonsinismo que está plagado de dirigentes que van de la nostalgia del acuerdo trunco con el socialismo, a los seguidores de Ricardo Alfonsín y los que pretenden, en otra sintonía, una agenda bastante parecida a la que lleva Cristina de Kirchner.

Está claro que tras el 12% de los votos, una división de este tipo deja como saldo una suerte de nanopartido con peligro de desintegración en el Congreso.

Despouy

Las pruebas de estas divisiones sobran y también la falta de inteligencia para mantener la unidad en el que, hasta hoy, sigue siendo el principal partido de la oposición con 40 diputados, 17 senadores, cientos de intendentes en todo el país y cargos en los organismos de control.

Por ejemplo, aunque no hubiera aparecido en el escenario la tragedia de Once, siempre estuvo claro que la división dentro del radicalismo por la continuidad o no de Leandro Despouy como presidente de la Auditoría General iba a ser una discusión a toda pérdida. Tras el número con que fue derrotado el radicalismo en las elecciones del año pasado, no podría haber complicado más el horizonte Barletta que con la idea de reemplazar al auditor con el que tiene viejas rencillas.

Menos cuando Barletta aún está estrenando un cargo al que claramente llegó por ser una figura que quedó indemne del incendio electoral del radicalismo en 2011 y que, por lo tanto, debería jugar el rol de un papa que sobrevuele las miserias partidarias.

Todo lo contrario: se metió en una pelea con Alfonsín por ese tema y terminaron subiéndose otros dirigentes, pero sólo para equilibrar presiones y evitar así que el nuevo presidente partidario no quedara solo en una puja en la que terminó perdiendo, como era absolutamente previsible.

Otra grieta se abre frente a la ley de ratificación del traspaso se subtes a la Capital Federal. En el Senado, al jujeño Gerardo Morales no le quedó otra opción que reconocerle al Gobierno que la transferencia de los subtes a Mauricio Macri había comenzado con el acuerdo que se ratificó en esa cámara. El radicalismo presentó una disidencia, pero votó el proyecto a favor en general.

En Diputados, ese tema alimenta otra de las grandes divisiones dentro de la UCR. Allí el cordobés Aguad es uno de los principales aliados de Macri. De hecho, el macrismo en pleno, con Federico Pinedo y Gabriela Michetti, aterrizó en Córdoba para apoyar su candidatura.

Aguad no está dispuesto a apoyar la transferencia en los términos que el radicalismo la votó en el Senado y una decena de diputados puede acompañarlo, aunque ese número no sea suficiente para complicarle los planes al Gobierno.

De hecho, el alfonsinismo, en la variante que incluye dirigentes bonaerenses como Leopoldo Moreau, visitante de la Casa Rosada junto a la delegación radical en la convocatoria de Cristina de Kirchner por los anuncios sobre las islas Malvinas, ya está en pie de guerra para resistir el avance del macrismo dentro de la UCR.

En medio de esa puja está la convocatoria, una vez más, al Foro de Intendentes Radicales que reúne a más de 500 en todo el país y que no sesiona desde el año pasado, cuando presionó para la renovación de autoridades en el Comité Nacional. La invitación esta vez será también para todos: excobistas y aliados al PRO el 13 y 14 de abril en la ciudad de Córdoba.

El dueño de casa será el intendente local Ramón Mestre, uno de los más cercanos al PRO, por lo que la cumbre no sólo servirá para analizar la situación partidaria, sino también para cerrar posiciones sobre la situación de los municipios radicales que viven la sequía por la falta de fondos que debe girarles la Casa Rosada.

Está claro que la conducción de Mario Barletta y otros dirigentes que alegan la necesidad de no rechazar la agenda del kirchnerismo sólo porque se trate del oficialismo está lejos de estas pretensiones. De todas formas, en el Comité Nacional recuerdan que todas las expresiones que se le escuchan a Barletta en los últimos tiempos son duras con el Gobierno.

El santafesino comenzó su mandato con algunos gestos erróneos, pero pareció luego enderezar su posición cuando firmó la denuncia penal contra Julio De Vido por el caso de la tragedia de la estación Once, cuando suscribió la declaración de la mesa del Comité Nacional en contra de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA o cuando claramente criticó por improvisado el discurso de Cristina de Kirchner en la apertura de sesiones ordinarias.

Petrolera

Un tercer foco de conflicto se abrió sobre la estatización, baja de concesión o castigo -la variante que finalmente se dé- a YPF.

La cuestión ya fue debatida hace una semana en el Comité Nacional. El radicalismo llegó a un acuerdo para salvar posiciones y evitar otra ruptura entre quienes apoyan la nacionalización, casi en línea con las pretensiones más duras del Gobierno, y quienes piden calma y sólo atinan a revisar la situación de la empresa en la explotación de áreas de concesión en algunas provincias. Se estableció allí una declaración de seis puntos en la que se pide la auditoría de las áreas, el análisis de la posibilidad de avanzar en la explotación por otras empresas y hasta una investigación por la participación de los directores del Estado en la empresa.

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