- ámbito
- Edición Impresa
Rajoy derogará la ampliación del aborto de la era Zapatero
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, durante la aparición que realizó junto al peruano Ollanta Humala en Madrid. Por primera vez dejó de lado la agenda económica y puso en marcha iniciativas que intentan acentuar la impronta conservadora en el Poder Judicial.
El ministro de Justicia de España, el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, planteó los objetivos ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde también anunció que el Gobierno estudiará la posible instauración de la cadena perpetua revisable cada veinte años para delitos que causen gran alarma social. La norma vigente establece un techo de cuarenta años de prisión.
En España existe un «exceso de litigiosidad» y un «abuso en el acceso a los órganos judiciales, sobre todo en la segunda instancia», dijo el ministro, si bien no avanzó el monto de la tasa de apelación, que incluirá al fuero laboral. Si el recurso fuera admitido, se devolvería el importe pagado por la parte, y no tendrían que abonarlo quienes no tengan medios económicos suficientes, anticipó.
Hasta ahora, en los tribunales españoles se pagan tasas de justicia más bien simbólicas, lo que ocasiona, según el ministro Ruiz Gallardón, «costos no racionales» al Estado.
Uno de los cambios proyectados más relevantes es en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), objeto de frecuentes disputas políticas entre el oficialista Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y otras fuerzas menores. El CGPJ está integrado por veinte miembros, jueces y juristas designados por el Congreso, y el proyecto de Rajoy aspira a dar mayor poder de elección a los propios magistrados, «que mayoritariamente son conservadores», alertó ayer el diario El País, afín al ala centrista del PSOE.
El Poder Ejecutivo también apunta a una reforma de la ley del menor para que en los casos con implicados tanto mayores como menores de edad se unifique la causa en un solo expediente. «Vamos a buscar el máximo consenso posible» con el resto de las fuerzas parlamentarias, dijo el ministro de Justicia. No obstante, el oficialista PP tiene mayoría absoluta en el Congreso, por lo que no necesitará aliados.
Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, cuestionó la tasa de apelación porque generará «justicia de dos velocidades» para quienes tengan o no recursos.
Revuelo
El tema del aborto fue el que generó mayor revuelo en las redes sociales. «Desde luego, algunos principios anunciados por nuestro partido, como es la exigencia del consentimiento paterno en caso de los menores, estará incluido en este proyecto de ley», dijo el ministro de Justicia.
Aprobada en 2010 durante el Gobierno socialista, la ley actual había introducido por primera vez en España la noción de una interrupción voluntaria del embarazo. Antes, el aborto sólo estaba permitido en casos de violación, malformación fetal o peligro para la salud psíquica o física de la madre, lo que en los hechos significaba una interrupción del embarazo en un amplio rango de posibilidades.
En virtud de la legislación de José Luis Rodríguez Zapatero, las mujeres embarazadas pueden someterse a un aborto libremente hasta las 14 semanas de gestación, o hasta las 22 semanas en casos de «riesgos para la salud» de la madre o graves «anomalías del feto».
El aspecto polémico de la ley es que las jóvenes de 16 a 18 años pueden abortar sin autorización de los padres o tutores en casos en que aleguen peligro de violencia en la familia, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo.
«No acepto que una niña de 16 años pueda abortar sin el consentimiento de sus padres», había declarado el propio Rajoy antes de las elecciones.
El PP, que alberga en su seno a importantes sectores católicos conservadores, presentó incluso un recurso ante el Tribunal Constitucional, a la par que la Iglesia emprendió una firme oposición con actos en la vía pública, como lo hizo con otras iniciativas del Gobierno socialista. Entre ellas, la derogación de la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas públicas.
«Esa reforma (sobre el aborto) es injustificada», protestó Francisca García, vicepresidenta de la asociación de clínicas acreditadas por la ley a practicar interrupciones de embarazos. Según García, el 87% de las jóvenes de 16 y 17 años llegan a abortar acompañadas por sus padres. «Las otras pertenecen a familias desestructuradas, que no las apoyan a ningún nivel, ni para tener (el bebé) ni para interrumpir (el embarazo)», dijo.
En igual sentido se expresó quien fue rival de Rajoy en las elecciones generales del 20 de noviembre pasado, Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro del Interior de Zapatero. En 2010 un total de 113.032 mujeres abortaron en España, un 1,3% más respecto al año anterior.
Agencias AFP, DPA y ANSA; y Ámbito Financiero
