Cinco años después del inicio de las pesquisas, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz terminó la instrucción y pidió juzgar por la vía penal a 43 personas. El magistrado considera que Mato, de 55 años, se benefició con los delitos cometidos presuntamente por su entonces marido, Jesús Sepúlveda, cuando era alcalde de la acaudalada localidad madrileña de Pozuelo. Por eso pide que esté en el banquillo de los acusados en el juicio, donde se determinará la cuantía total del lucro, que deberá devolver.
"He decidido presentar mi dimisión como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. No quiero, bajo ningún concepto, que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al Gobierno de España, a su presidente ni tampoco al Partido Popular", manifestó Mato a través de un comunicado. Mato se convirtió en la funcionaria de más alto cargo del PP en dejar su puesto por corrupción en los últimos años.
Según medios locales, su renuncia fue forzada por Rajoy, quien hasta ahora había protegido a la ministra. Hoy protagonizará en el Congreso de los Diputados un pleno sobre corrupción y la imagen de Mato sentada al lado iba a ser muy difícil de justificar.
El "caso Gürtel" gira en torno al empresario Francisco Correa, uno de los 43 acusados. Su entramado empresarial se especializó en organizar eventos y campañas electorales al PP mientras, según Ruz, aprovechaba sus contactos con cargos del partido para lograr en municipios y regiones contratos públicos por los que pagaba contraprestaciones.
Una de las personas de la trama corrupta era el entonces marido de Mato. El juez apunta que Correa pagó con dinero negro viajes por valor de 50.000 euros al alcalde y a su familia y sufragó también complementos de lujo a la ahora exministra, así como fiestas de cumpleaños y de primera comunión de la hija que tienen en común.
Entre las 43 personas que Ruz pide que sean juzgadas hay tres extesoreros del PP. Uno de ellos es Luis Bárcenas, que lleva más de un año en prisión preventiva por este caso y quien acusó al partido de financiarse ilegalmente. Sus confesiones llevaron a Ruz a abrir la investigación que hay en marcha sobre una presunta "caja B" en el PP.
El magistrado sostiene además que el partido que gobierna en España se benefició de los negocios ilegales que hicieron dos alcaldes, uno de ellos el exmarido de la ministra Mato, y que la formación deberá por ello responder también civilmente. Los otros dos extesoreros que irán al banquillo de los acusados son los antecesores de Bárcenas Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís.
Ahora se abre un plazo de un mes para que la fiscalía y las demás acusaciones soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
El final de la instrucción del "caso Gürtel" no habría podido llegar en peor momento para Rajoy y su partido. A un año de las elecciones generales -y a menos de las municipales y regionales de mayo- las encuestas predicen un hundimiento de la formación conservadora, desgastada por los escándalos de corrupción y por la gestión basada en recortes que hizo en la crisis económica.
Un hundimiento -al que tampoco es ajeno el PSOE- que discurre de forma paralela al ascenso de Podemos, la formación heredera del movimiento de los indignados que con menos de un año de vida se sitúa ya en algunas encuestas como primera fuerza política de España.
El juez que comenzó a investigar el "caso Gürtel" hace cinco años fue Baltasar Garzón. Ésta fue de hecho la causa que le costó la condena del Tribunal Supremo (Corte Suprema) a 11 años de inhabilitación. Los magistrados consideraron que prevaricó al ordenar intervenir las conversaciones en prisión entre los presuntos jefes de la trama y los abogados que los visitaban, incluidos sus defensores. Ruz lo sustituyó en su juzgado de instrucción cuando fue inhabilitado y el auto que emitió ayer confirma las primeras resoluciones que emitió Garzón en este caso.
| Agencias AFP, Reuters, ANSA y DPA, y Ámbito Financiero |
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