¿Rajoy se encamina a un diálogo con ETA?

Madrid - Seis meses después de que ETA anunciara el cese definitivo de la violencia, aunque no su disolución, el Gobierno español de Mariano Rajoy ha decidido facilitar la reinserción de los presos de la organización separatista y su acercamiento al País Vasco, en un programa que supone su primer aporte al nuevo tiempo que se ha abierto tras el anuncio etarra de octubre pasado.

Este programa de acceso voluntario -al que también pueden sumarse terroristas de otras organizaciones y, con matices, reclusos del crimen organizado- comprende aulas para la educación en los valores de la convivencia y de la sociedad democrática, así como talleres para facilitarles la obtención de un puesto de trabajo una vez que abandonen la prisión.

En las cárceles de España hay algo más de 550 presos de ETA, la mayoría de ellos en prisiones de fuera del País Vasco, en el marco de una política de dispersión que se puso en marcha a finales de la década de los 80 bajo el argumento de impedir una coacción del grupo armado sobre la reinserción social de sus miembros.

El programa conocido ayer supone la constatación de un punto de inflexión en la línea que hasta hace no mucho defendía el hoy gobernante Partido Popular (PP). La formación conservadora, que se opuso al malogrado proceso de diálogo que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero estableció con ETA en 2006, apostó durante mucho tiempo por una línea dura frente a la organización e insistió en rechazar el acercamiento de sus presos al País Vasco mientras ETA no se disolviera.

Ahora abre la mano. Para participar en el programa, los reos tendrán que demostrar voluntad «clara, solemne y pública» de dejar atrás el terrorismo, pero no estarán obligados a pedir perdón a las víctimas, algo que hasta ahora sí era condición para acceder a la vía de la reinserción.

Los talleres se harán previsiblemente en cárceles vascas o cercanas al País Vasco, por lo que la entrada en el programa supondrá ya de hecho un acercamiento.

Consecuencia de la medida, no tardaron en llegar las críticas de asociaciones de víctimas. Fue el propio jefe del Ejecutivo el que salió al paso de estas acusaciones y aseguró que «el Gobierno no ha cambiado ni va a cambiar su política antiterrorista». La justificación de que no existe tal cambio es que el plan que ayer se conoció «no atribuye beneficio penitenciario alguno» a los presos etarras, dijo.

El Partido Socialista (PSOE) de Alfredo Pérez Rubalcaba saludó la medida y se puso «al lado del Gobierno en política penitenciaria». Este programa «puede hacer daño al núcleo más duro de ETA», dijo la número dos de la formación, Elena Valenciano.

Discordia

La lucha contra ETA, que ha matado a más de 800 personas, ha sido muchas veces motivo de discordia entre el PP y el PSOE. Durante el período en el que el Gobierno de Zapatero dialogó con ETA fue uno de los de mayor crispación política. Pero ahora es el Gobierno de Rajoy el que tiene que gestionar el final de ETA, anunciado cuando aún gobernaba Zapatero.

La iniciativa anunciada ayer por el Ejecutivo parte de la llamada «vía Nanclares», que puso en marcha el Gobierno de Zapatero agrupando en la cárcel vasca de Nanclares de Oca a una veintena de presos etarras que rompió con la organización separatista y pidió perdón por sus crímenes.

La ley exige esa desvinculación pública de ETA y la petición de perdón para que los reclusos etarras puedan adquirir el llamado «tercer grado», por el que pueden dejar el centro penitenciario durante el día y sólo tienen que regresar a él para dormir, además de poder obtener permisos de fin de semana. Una vez cumplidas las tres cuartas partes de su condena y si cuentan con un pronóstico favorable de reinserción, pueden acceder a la libertad condicional.

Agencia DPA