Raro: demandado acuerda con jueces

La firma del convenio entre el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; el titular de la ANSES, Amado Boudou; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos, para digitalizar documentos de los juicios previsionales.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, adelantó ayer que están analizando con el Gobierno una «reforma legislativa» para agilizar los reclamos judiciales por la actualización de haberes jubilatorios. Una propuesta que ostenta las mejores intenciones, pero que desde el punto de vista de «los abuelos» -como los llama paternalmente el Gobierno- puede presentar sus dudas: después de todo, el Estado es la parte deudora del litigio. ¿Desde cuándo el deudor acuerda con la Justicia en beneficio del demandante? Es esperable que lo haga porque admite que debe acelerar los juicios por mala liquidación a los pasivos.

El anuncio del presidente de la Corte fue realizado luego de la firma de un acuerdo entre el tribunal, la ANSES y el Consejo de la Magistratura para simplificarlos pasos administrativosy acelerar el trámite de los juicios previsionales, por medio de la digitalización de documentos. El proyecto pretende evitar un nuevo colapso de la Cámara de Seguridad Social, que hoy tiene más de 200 mil casos sólo en Capital Federal, y que esta semana estuvo de feria debido al « aluvión» de causas presentadas, como describió Lorenzetti.

Pero los jubilados ahora pueden estar tranquilos porque no sólo el Gobierno se ha comprometido públicamente a pagar a cada uno ellos, sino también la Corte se ha involucrado específicamente en el tema. Más allá del avasallamiento de la división de poderes que el proyecto de reforma procesal podría implicar, ¿qué querellante se sentiría tranquilo sabiendo que en su caso puede intervenir el demandado?

Un demandado que además no dudó en reestatizar el sistema previsional frente a las necesidades de caja, y que tampoco dudó en presentarlo como un beneficio para todos los futuros jubilados, que iban a ser defraudados por las AFJP.

El Estado asumió en ese momento el sistema único de reparto en el que ni el propio Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte, confió. De hecho, su falta de aportes al sistema jubilatorio fue uno de los mayores reparos que se presentaron en el Congreso para aprobar su entrada al cuerpo. El juez sostuvo la omisión al ser interrogado argumentando -quizá con razón- que el sistema previsional era una estafa y falaz, ya que tomaba recursos del público y no los devolvía en prestaciones. Si bien la impugnación fue resuelta a través de una gestión en la AFIP que rectificó su estado de deudor, la posición quedó asentada.

Argumento

El novedoso método de acuerdo entre poderes, como la Justicia y el Gobierno, fue fundamentado por Lorenzetti al explicar que «ahora la Corte dicta un fallo y sirve sólo para un caso; todos los demás tienen que iniciar un juicio. Hemos propuesto que la sentencia que se dicta para un caso sirva para todos y se evite que los demás tengan que hacer juicio». Una reforma procesal que para el presidente del tribunal tiene el objetivo de « trabajar por una justicia más rápida para que nuestros jubilados puedan tener acceso a sus derechos de manera oportuna y efectiva».

El convenio firmado ayer por Lorenzetti; el titular de la ANSES, Amado Boudou, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos, busca agilizar miles de juicios, ya que, según contó el presidente del tribunal, hace por lo menos 30 años que hay litigios permanentes de grandes grupos de jubilados. La digitalización de las causas se pondrá en marcha la semana que viene. Pero para tener novedades sobre la posible reforma procesal que beneficiaría a los jubilados querellantes todavía habrá que esperar.