Ratifican límite a la prensa en juzgamiento

La Corte Suprema de Justicia salió a respaldar ayer al Tribunal Oral N° 5, a cargo del juicio contra el represor Jorge Olivera Rovere por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último Gobierno militar, luego de interceder ayer para que los magistrados dejaran pasar a la sala a un fotógrafo autorizado previamente. En medio de repercusiones públicas por la reticencia del tribunal a dejar pasar medios de prensa, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, avaló su determinación al afirmar que «los jueces tienen facultades para resolver cómo se hace en la práctica» la difusión de un juicio.

A pesar de que existe una acordada de la Corte que permite el acceso a la prensa, en tanto los procesos son de carácter público, el presidente del cuerpo aclaró que «en el ámbito de cada juicio tiene competencia cada tribunal. El juez tiene que equilibrar la difusión con el respeto a las reglas del debido proceso para que el juicio no sea una telenovela».

Lorenzetti respondió así a la polémica que generó la restricción del tribunal oral, que incluyó crónicas indignadas de la prensa y denuncias de organismos de derechos humanos, como la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, casi como si esta medida fuese más grave que los episodios que se están juzgando. De hecho, algunas de estas asociaciones presentaron ayer un escrito a la Corte, en el que calificaba de «parodia» las disposiciones del tribunal oral, y acusaba a los jueces de impedir «la publicidad de los procesos en los que se juzgan delitos de lesa humanidad», en el límite de plantear una supuesta connivencia entre la Justicia y el imputado.

El presidente del Máximo Tribunal además señaló que, si bien la difusión «del rostro del imputado no es un problema, no hay que estigmatizar a una persona sometida a proceso. Hay que recordar que toda persona es inocente hasta que se la declare culpable».

Posición fijada

Agregó también que la Corte ya había fijado su posición sobre todos los juicios, pero que eran los magistrados quienes debían decidir de acuerdo a cada situación el manejo con representantes de la prensa, a quienes solicitó entablar con la Justicia una relación que «no deber ser conflictiva sino de cooperación». La medida de los jueces a cargo del tribunal, Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Frías, había generado el martes pasado gritos, insultos a los jueces y forcejeos.

Finalmente, Lorenzetti aseguró que iban a ver «cómo podemos dialogar con los jueces para encontrar un equilibrio. Lo mejor es que haya una comunicación pero respetando la reglas y la dignidad de las personas juzgadas».

El escándalo autorreferencial que promovió la prensa relegó a un segundo plano el proceso en sí mismo. Olivera Rovere, de 82 años, se negó ayer a declarar ante el tribunal, en el segundo día del juicio en su contra. El ex subjefe del primer cuerpo del Ejército está acusado de 116 presuntos secuestros y desapariciones -entre otros, el del escritor Haroldo Conti- y de cuatro homicidios: los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, quienes estaban refugiados en la Argentina al momento de su desaparición, Rosario Barredo y William Whitelaw.