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Rebeldía: Legislatura desoye tres fallos
Aníbal Ibarra
El jefe de Gobierno arrancó el proceso de sustitución de Julio Maier, el miembro del Tribunal Superior que renunció para jubilarse, con la idea de nominar a la actual fiscal Daniela Ugolini. Lo hizo antes de que el juez se retirara, sabiendo que lo haría. Los planteos judiciales se basaron en que debía esperar a que Maier se fuera. La candidata tuvo adhesiones y también impugnaciones, pero la cuestión tomó un rumbo por fuera de lo que hace a un nombramiento de esas características para lo cual el jefe de Gobierno porteño tiene las facultades del caso.
Una vez que el trámite termina por parte del Ejecutivo (consiste en recolectar opiniones y difundir los antecedentes de la nominada), desembarca en la Legislatura exactamente para lo mismo y para que se realice una audiencia pública antes que llegue la votación para su nombramiento al recinto.
Tres jueces decidieron que se debe suspender el proceso, fundamentalmente porque Macri lo inició antes de la efectivización de la renuncia de Maier, aunque ésta ya estaba aceptada. Raro que se replique por apurarse, cuando, en general, es la mora en completar un plantel lo que suele merecer quejas. El procedimiento está escrito en un decreto que lleva la firma de Ibarra, quien explica a quien quiera que la esencia de la medida fue que no se provoquen vacantes eternas que obstruyan la Justicia, es decir, evitar la demora.
La Comisión de Ética de la Legislatura, que preside el macrista Oscar Zago, decidió eludir los fallos judiciales y continuar con el trámite. Ya puso fecha, incluso, a la audiencia pública que se realizará el 30 de octubre para analizar los pliegos de Ugolini.
Una de las resoluciones judiciales, además, provocó la ira al unísono de diputados antimacristas, aunque no piensan votar a Ugolini. Fue el que definió el planteo de los legisladores electos de Proyecto Sur, la agrupación de Fernando Pino Solanas. Son los que obtuvieron una banca en junio pasado y asumirán en diciembre, grupo que encabeza Fabio Basteiro.
Recurrieron a la Justicia porque consideran que Macri anticipó el procedimiento para que sea la actual Legislatura la que designe a Ugolini y ven así recortados sus derechos. Casi imitando el planteo del PRO en referencia al debate de la ley de Medios en el Congreso (pidieron que se trate después de la renovación de bancas), pero con una diferencia de base: el oficialismo porteño continúa siendo mayoría y volvió a ganar las elecciones. Es decir, en la Ciudad de Buenos Aires, lo único que cambiará es que la dispersión del kirchnerismo les deja lugar a nuevos actores, como los ocho electos del cineasta Solanas.
Ese planteo, que fue avalado por el juez en lo Contencioso Guillermo Scheibler, terminaba siendo favorable al PRO, que encontraba así más aliados en contra de los magistrados. En su mayoría, los 24 legisladores que dejan la banca en diciembre se sintieron ofendidos al considerar anoche que los aliados de Pino Solanas no les reconocían sus propios derechos de legislar hasta terminar el mandato.
A todo eso, la propia Ugolini hizo llegar a la Legislatura su decisión de presentarse ante los tres jueces (además de Scheibler, hubo fallos de Roberto Gallardo y de Elena Liberatori) como damnificada y apelar las decisiones de frenar el proceso para su nombramiento.
Para más, Gallardo, ya conocido por su polémicas resoluciones y su enfrentamiento con el Gobierno de Macri, que lo recusó, completó el envío de su resolución a los diputados, con una copia de las medidas judiciales que les podrían caber si no acatan el fallo. También ese detalle terminó alistando a más diputados en contra de los jueces.


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