Rebelión policial en Córdoba: ola de saqueos y máxima tensión

En medio del descontrol y la falta de presencia policial, grupos de personas irrumpieron en comercios de la ciudad capital y se alzaron con productos electrónicos y comestibles.

Córdoba - Con consignas salariales y laborales, estalló ayer un duro autoacuartelamiento policial en la ciudad de Córdoba, al que se plegó luego buena parte de los efectivos del interior provincial, que se mantenía anoche -aunque con negociaciones en curso- y que jaqueó la prestación de seguridad.

De continuar hoy la medida de fuerza, no habrá atención al público en ningún banco de la provincia, se anticipaba anoche en medio de un clima de máxima tensión.

Por caso, durante la medida de la protesta fueron saqueados dos supermercados de la firma Cordiez en la capital mediterránea (uno de ellos, a pocas cuadras del epicentro del motín), otro en el barrio Jardín, y un cuarto episodio en una sucursal de la cadena Disco, lo que derivó en cierres de otros locales y negocios del rubro.

En el barrio SEP, medio centenar de personas irrumpió en el local de Cordiez y robó mercadería, incluidas "muchas bebidas alcohólicas". El otro episodio se dio en el barrio Ituzaingó.

La protesta policial diezmó los patrullajes de calles, los controles en las rutas y los adicionales prestados en los bancos.

La crisis obligó al mandatario José Manuel de la Sota a diagramar un retorno de urgencia desde Panamá, donde hacía ayer una escala para asistir a un encuentro de gobernadores hoy y mañana en Colombia. El crítico peronista -cuyo retorno estaba programado para anoche- cuenta con un antecedente lejano: en 2005 debió hacer frente a otra revuelta policial.

Anoche trascendió que el Ejecutivo condicionaba un aumento del 52% en los adicionales prometido el pasado lunes -y sin contraoferta- al levantamiento del autoacuartelamiento.

Sobre el final de la tarde de ayer, fuentes de los efectivos rebeldes hablaban de un acatamiento provincial del 85%, mientras que desde la jefatura admitieron que sólo el personal de alto rango se encontraba en funciones.

Fue una jornada que escaló en tensión, con cerca de 6.000 policías provinciales -el número inicial fue el de 15 mujeres familiares y fue creciendo con el correr de las horas- que se autoacuartelaron en el Comando de Acción Preventiva (CAP) del barrio Cerveceros, en el sureste de la capital, en reclamo de un salario básico de 13 mil pesos, entre otros planteos.

A la protesta, con activa participación de las esposas y que concentró también patrulleros, se plegaron luego efectivos de otras dependencias -como la Guardia de Infantería, el Servicio Penitenciario de Bouwer y la Caminera- y de buena parte del interior provincial.

La crisis de la fuerza fue monitoreada desde temprano desde el Centro Cívico por el jefe de Gabinete, Oscar González, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, además del titular de Finanzas, Ángel Elettore.

Por su parte, el jefe de Policía, César Almada -cuya renuncia fue desmentida- envió al comisario inspector Gabriel Muñiz, jefe del distrito 5, a negociar, lo que derivó en un encuentro por la tarde entre Almada con 6 familiares mujeres de policías y con el abogado de los uniformados díscolos, el exlegislador juecista Miguel Ortiz Pellegrini.

"Nos vamos muy contentos porque hemos tenido respuestas; igualmente, seguimos de asamblea", dijo una de las mujeres tras la cumbre, ante la promesa de que no habrá sanciones y a la espera de una respuesta "salarial".

Monteoliva y Almada reemplazaron hace poco a Alejo Paredes y a Ramón Frías, respectivamente, en medio del denominado "narcoescándalo".

Los uniformados rebeldes, previamente, habían elevado al Ejecutivo un petitorio de 14 puntos en el que exigieron además el pago de un plus para personal con tareas de riesgo en las calles; que les abonen gastos para uniformes; poder contar con una ART; la posibilidad de agremiarse, y la no sanción para quienes se sumaron a la revuelta, entre otros ejes.