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Reclaman suspender facturación de luz por alza de hasta el 400%

Mondino sostuvo que si el Poder Ejecutivo no cumple con esa disposición, «en los primeros días de la semana próxima la Defensoría presentará un recurso de amparo en la Justicia, debido a la irracionalidad de los aumentos y al peligro de la demora, porque muchos usuarios no podrán pagar las facturas y tendrán un corte del servicio con el consecuente efecto económico por la reconexión».
«Esto no es razonable», aseguró Mondino a este diario. «Es una alteración de toda norma y de la propia Constitución porque una resolución nunca puede exceder la razonabilidad y el sentido común».
Sin pruebas
En su opinión, el Gobierno «no realizó pruebas de escritorio al disponer los incrementos, lo que muestra una falta de capacidad técnica y desidia, a menos que haya una voracidad tal en materia impositiva que lleve a tomar medidas irracionales que vulneran derechos».
Añadió: «Estoy de acuerdo con el criterio de que el que más gasta pague más, pero el aumento se dispuso sin considerar que en muchos lugares del Gran Buenos Aires se necesita prender un motor para tener agua, y si una familia lo prende tres veces al día, ya superó el consumo de 1.000 kilovatios bimestrales. También está el caso de hogares humildes que se deben calefaccionar con electricidad. Por eso, toda la norma fue dictada sin un marco real».
Como ejemplo, Mondino destacó que «aun un usuario que bajó el consumo un 16%, tuvo un aumento del 185%, lo que muestra que la suba carece de razonabilidad». Además, afirmó, «mientras la tarifa es baja, los impuestos y los castigos del PUREE no se notan tanto, pero al subir el cargo variable (precio de cada kilovatio consumido) del 100% al 350%, la carga impositiva y las sanciones crecen de manera letal».
Gran Buenos Aires
Según facturas que llegaron a la Defensoría, «en el Gran Buenos Aires, al calcularse con la nueva tarifa, el impuesto provincial pasó de $ 6 a $ 65, y la contribución municipal subió de $ 6 a
$ 38; si se suman el IVA y otras cargas, un usuario paga $ 200 sólo por impuestos, frente a $ 30 que abonaba antes», dijo Mondino.
El funcionario también puntualizó que «distorsionaron todo el esquema tarifario y las facturas perdieron toda lógica». Acotó que «los nuevos cargos variables también van a llegar a las provincias, en muchas de las cuales también hay castigos por aumentar el consumo, e impuestos como en Capital y Gran Buenos Aires».
En los considerandos de la resolución enviada a Cameron, Mondino también afirmó que «conforme surge de las quejas recibidas, el impacto de los incrementos afectó a hogares de menor poder adquisitivo, contrariamente a lo previsto por la Secretaría de Energía».
Añadió que «los derechos de los usuarios se encuentran vulnerados a partir de la imposición normativa de una irracionalidad económica, y que todo lo que excede el sentido común carece de fundamento en derecho».


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