Reflota Moyano pelea por la baja de Ganancias en sueldos

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Que se doble, pero no se rompa. La inversión del testamento político de Leandro Alem describe la estrategia que fijó ayer Hugo Moyano frente al Gobierno: presionar por demandas económicas antes de las elecciones sin fracturar la ya deteriorada relación con la administración de Cristina de Kirchner. En esa línea irán los planteos por un aumento del 41% en el salario mínimo; la universalización de las asignaciones familiares; la eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los sueldos, y la distribución de fondos para las obras sociales.

En lo inmediato, se resolvió avanzar en la elaboración de un proyecto para erradicar el gravamen sobre los salarios. Los dirigentes prevén cerrar en las próximas horas una propuesta formal al Gobierno en esa línea y en un encuentro con sectores empresariales.

Sobre esos ejes giró la reunión del consejo directivo de la CGT, el primer encuentro de los líderes de la central obrera tras el cierre de listas que dejó heridas entre los sindicalistas por el ninguneo del Ejecutivo. El encuentro contó con la presencia mayoritaria de los gremios más importantes, aunque muchos de sus dirigentes eligieron enviar a un emisario en lugar de ir personalmente.

Estuvieron algunos sindicalistas cuya participación estaba en duda, como Antonio Caló (metalúrgicos) y Omar Viviani (taxistas), quienes en el último tiempo tomaron distancia de Moyano al mismo tiempo que la Casa Rosada enfriaba su relación con el camionero. En cambio, faltaron otros como Andrés Rodríguez (estatales de UPCN) y Omar Maturano (maquinistas de La Fraternidad). Todas las ausencias tuvieron, sin embargo, una explicación: algunos alegaron problemas de salud; otros, viajes impostergables, y en algunos casos se pusieron excusas como las vacaciones de invierno y hasta la celebración del Día del Amigo.

De todos modos, Moyano respiró aliviado cuando constató la participación de líderes como Viviani y de históricos laderos como Juan Carlos Schmid (dragado), Julio Piumato (judiciales) y Omar Plaini (canillitas). Ese quórum le permitió al camionero avanzar con el orden del día que tenía previsto.

En su informe de apertura, hizo un reconocimiento del período de enfriamiento en que ingresó su vínculo con el Ejecutivo, en particular a partir del reparto de candidaturas para octubre. «Acompañamos este proyecto, pero tenemos que discutir qué rol vamos a cumplir nosotros», evaluó ante sus pares de la CGT. «Yo voy a votar a este Gobierno, pese a los ataques que recibimos». El análisis político se completó con una suerte de consuelo por el ninguneo al señalar que los sectores tradicionales del PJ estaban en iguales condiciones con el Gobierno, y con la sentencia de que la Capital Federal ya se daba por perdida a manos de Mauricio Macri.

Como había anticipado este diario a principios de este mes, Moyano eligió dar por terminada la polémica por las listas y focalizarse en acorralar al Gobierno con las demandas económicas pendientes de una respuesta. Sobre este punto, ayer se resolvió exigir una suba del 41% en el salario mínimo, de los actuales $ 1.840 a 2.600 pesos, por encima de todas las previsiones. El Ejecutivo prevé llamar a ese debate a principios de agosto con una expectativa de suba del 25%, hasta 2.300 pesos.

Los otros planteos irán de la mano: incremento y universalización de las asignaciones familiares, que en la actualidad se dejan de pagar en los salarios que superan los $ 4.800, y eliminación del peso de Ganancias sobre los sueldos de los trabajadores en relación de dependencia. En el último caso se trata de una hipótesis de máxima, fijada para negociar una suba del mínimo no imponible del gravamen.

La preocupación de los gremios en este punto es recurrente. Alegan que con los aumentos salariales pactados en paritarias cada vez más trabajadores pasan a estar alcanzados por Ganancias, al tiempo que sufren el recorte o el cese del pago de las asignaciones familiares por la misma razón. «Las asignaciones familiares deben respetar su intención original», aseguró Schmid, al señalar que en la actualidad son «altamente discriminatorias» por dejar de pagarse al subir los salarios.

Fuera de agenda Moyano incorporó un punto más, para exigir al Gobierno el reparto entre las obras sociales del Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Ese fondo acumula entre 10 mil y 11 mil millones de pesos, dijo el camionero, por aportes realizados por las organizaciones de salud de los gremios al sistema sanitario. Los recursos son devueltos a las obras sociales para la atención de casos de alta complejidad y costo, aunque no en la medida que reclaman los sindicatos.

Por primera vez, el consejo directivo analizó la posibilidad de arrancar una ola de demandas judiciales por parte de los sindicatos más afectados por problemas de financiamiento. La duda no zanjada ayer fue si será antes o después de las elecciones. Se habló de que un grupo de gremios inicien las acciones antes del 23 de octubre y los más grandes lo hagan después de esa fecha. Se presume que la amenaza quedará en el aire como prenda de negociación con el Gobierno.

Para todas las exigencias se programó una ronda de citas con funcionarios que debería terminar con una audiencia con Cristina de Kirchner. Hasta llegar a ese punto, la CGT pedirá reuniones con los ministros de Economía, Amado Boudou (por Ganancias), de Salud, Juan Manzur (por los recursos de las obras sociales) y de Trabajo, Carlos Tomada, por el salario mínimo. También intentarán retomar contactos con el sector empresarial.

Sin pases de facturas por parte de algunos dirigentes que en privado se quejan de su método de conducción, Moyano pudo hacer catarsis por algunos ataques que dijo haber recibido de sectores incluso identificados con el oficialismo. Incluyó en ese rubro las andanadas judiciales que lo afectan. Pero confirmó, una vez más, su apoyo al Gobierno y su voto a favor de la mandataria para octubre.

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